(Expansión, 07-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El miércoles, durante una audiencia muy seguida en Washington, los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos mostraron escepticismo ante el uso que hizo Donald Trump de los poderes de emergencia para imponer una serie de aranceles.
La Corte, dividida 6-3 entre magistrados conservadores y liberales, cuestionó la aplicación que el Gobierno dio a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para establecer gravámenes globales. Esto genera incertidumbre sobre si uno de los pilares de la segunda presidencia de Trump podría ser anulado por el máximo tribunal del país. La demanda fue interpuesta por asociaciones empresariales estadounidenses, respaldadas por 12 estados, que alegaron haber sufrido perjuicios a causa de los aranceles impuestos por el expresidente.
Una derrota en este caso pondría en riesgo su agresiva política comercial, amenazando la estrategia de aranceles "recíprocos" que sustenta la guerra comercial de su segundo mandato, así como los gravámenes contra China, Canadá y México en respuesta a su supuesta implicación en el comercio del opioide fentanilo.
Además, un fallo desfavorable comprometería los más de 50.000 millones de dólares (unos 43.400 millones de euros) recaudados por el Gobierno en 2025 mediante ingresos arancelarios adicionales, fondos que han contribuido a calmar la preocupación de los inversores ante el alto nivel de endeudamiento del país.
Trump ha presentado este caso como una cuestión fundamental. En una publicación en redes sociales, aseguró que se trata de "una cuestión de vida o muerte para nuestro país". Añadió que una victoria garantizaría una "gran seguridad financiera y nacional", mientras que una derrota dejaría a Estados Unidos "prácticamente indefenso frente a países que durante años se han aprovechado de nosotros".
El procurador general de Estados Unidos, John Sauer, defendió ante los jueces que el presidente determinó que "los crecientes déficits comerciales nos han llevado al borde de una catástrofe económica y de seguridad nacional". Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien asistió personalmente a la audiencia, se mostró optimista tras la sesión: "Fue muy bien. Creo que el procurador general expuso una argumentación muy sólida", declaró a los medios.
Al ser consultado sobre si el Gobierno devolvería los ingresos por aranceles si perdía el caso, Bessent respondió a Fox Business: "Ya veremos si llega el momento, pero confío en que no será necesario". Añadió que Estados Unidos atraviesa "una emergencia económica" y que "el verdadero objetivo es reequilibrar nuestras relaciones comerciales y recuperar la producción manufacturera nacional".
Algunos jueces del bloque conservador, como Samuel Alito y Brett Kavanaugh, se mostraron comprensivos con los argumentos del Gobierno. Sin embargo, otros magistrados conservadores expresaron sus reservas respecto al uso de la IEEPA, ya que ningún presidente anterior la había invocado para imponer aranceles. "El instrumento de esta política son los impuestos a los propios estadounidenses, y ese ha sido siempre un poder exclusivo del Congreso", señaló el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.
El juez Neil Gorsuch advirtió sobre el riesgo de "un avance constante hacia la concentración de poderes en el Ejecutivo, en detrimento de los representantes elegidos por el pueblo". Añadió que, una vez que el Congreso delega sus competencias en los presidentes, "en la práctica, jamás las recupera... ¿Qué presidente renunciaría voluntariamente a ese poder?".
La magistrada Amy Coney Barrett, considerada conservadora pero criticada por los seguidores de Trump por algunas decisiones contrarias al Gobierno, también cuestionó la amplitud de la medida: "¿De verdad era necesario aplicar aranceles a todos los países por amenazas a la base industrial y de defensa? ¿A España? ¿A Francia? Puedo entenderlo con algunos Estados, pero explíqueme por qué tantos debían incluirse en la política de aranceles recíprocos", preguntó a Sauer.
El Tribunal Supremo ya ha revisado en otras ocasiones políticas impulsadas por Trump, como la autorización de deportaciones a terceros países. Sin embargo, esta es la primera vez que examina directamente la legalidad de un elemento central de su agenda en el segundo mandato. El bloque liberal del tribunal también mostró dudas sobre la legalidad de los aranceles. La jueza Elena Kagan puso en entredicho las declaraciones de Trump sobre una supuesta emergencia nacional que justificaría sus políticas, señalando: "Parece que vivimos en un estado de emergencia casi permanente, en buena parte del mundo".