(El Confidencial, 27-01-2026) | Fiscal
Isabel Díaz Ayuso ya perfila la fase final de la legislatura con el anuncio de nuevas iniciativas. La presidenta de la Comunidad de Madrid avanzó este lunes, durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, que la reducción de medio punto en el IRPF comprometida en 2023 comenzará a aplicarse en 2027 y supondrá un ahorro global de unos 500 millones de euros para los madrileños. Asimismo, explicó que el Ejecutivo autonómico está elaborando un nuevo reglamento de vivienda que impedirá acceder a una vivienda protegida durante cinco años a quienes hayan sido condenados por ocupación ilegal.
"Frente a la corrupción del Gobierno de la Nación, la Comunidad de Madrid funciona", afirmó Ayuso, quien aprovechó su intervención para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la gestión del sistema ferroviario, una semana después de la tragedia ocurrida en Adamuz. La presidenta regional alternó su habitual discurso político, de tono muy crítico, con dos anuncios clave de cara al tramo final de su mandato.
Con este nuevo tijeretazo impositivo, cuya entrada en vigor está prevista para 2027 con el fin de que surta efecto en la declaración de la Renta que se efectúe en 2028, el tipo mínimo del IRPF autonómico se situará en el 8%, frente al 8,5% vigente, y el máximo en el 20%, en contraste con el 20,5% actual, afianzando a Madrid como la autonomía con el IRPF más bajo de toda España.
"Los madrileños se van a beneficiar de esta medida con la que queremos ayudar a la economía de una sociedad que por méritos propios ha hecho de la Comunidad de Madrid una de las mejores del mundo y que siempre está y estará al servicio de España a través de su sanidad, de sus universidades, de sus empresas", afirmó Ayuso.
La rebaja del tramo autonómico del IRPF es una promesa electoral que había quedado pendiente tras la reducción aplicada en 2022. Desde el Ejecutivo madrileño señalan que la medida entrará en vigor el próximo año y situará el tipo mínimo en el 8% y el máximo en el 20%. Según el Gobierno regional, el impacto será especialmente favorable para las rentas más bajas y con menor capacidad económica, ya que el 71% de los beneficiarios tendrá ingresos inferiores a los 35.000 euros anuales, cifra que coincide con el salario medio en la Comunidad de Madrid.
El Gobierno autonómico estima que casi tres millones de contribuyentes se verán beneficiados por esta rebaja, que se suma a otras reducciones fiscales ya aprobadas, como las relacionadas con el acceso a la vivienda, en contraste con la política tributaria del Ejecutivo central. Además, desde la Puerta del Sol calculan que el ahorro fiscal puede alcanzar hasta 635 euros en comparación con Cataluña y 555 euros respecto a Castilla-La Mancha.
A fecha de hoy y a expensas de que en próximos meses otras CCAA puedan mover ficha, Madrid se refuerza como la región con el IRPF más bajo de España, con un tipo máximo (sumados los tramos estatal y autonómico) que en 2027 se situará en el 44,5% y un mínimo que será del 17,5%. Estos tipos contrastan con el 54% actual de la Comunidad Valenciana, el más alto de todo el país; el 52% de Navarra (aunque su mínimo es del 13%); el 51,5% de La Rioja; el 50,5% de Canarias; o el 50% de Cataluña, Aragón o Asturias.
Madrid siempre ha defendido que su política de moderación fiscal es esencial para mantener bien engrasada la maquinaria económica de la región, con la premisa de que cuanto más dinero quede en el bolsillo de los contribuyentes más crece la actividad, generando oportunidades y empleos, lo que a la larga se traduce en mayor recaudación. De hecho, tras la anterior rebaja de medio punto, con efectos en el IRPF de 2022 y a la que se sumó ese año la primera deflactación del IRPF aplicada por el ejecutivo regional, la Comunidad recaudó 13.392 millones del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta, un 7,2% más que el año anterior o, si se prefiere, un aumento de 897 millones.
La eficacia de este modelo, que aglutina 34 rebajas de impuestos solo desde 2019, con un ahorro global estimado de 40.000 millones de euros (a razón de 10.575 euros por madrileño), se plasma en que Madrid ha consolidado su liderazgo como mayor economía regional del país, representando cerca del 20% del PIB nacional, liderando la creación de empleo y captando el grueso de la inversión extranjera que apuesta por España.
La segunda iniciativa anunciada este lunes se refiere al futuro reglamento de vivienda, actualmente en fase de tramitación. La principal novedad será el endurecimiento de las medidas contra la ocupación ilegal. Según avanzó Ayuso, el texto establecerá que las personas con una condena firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda no podrán solicitar una vivienda protegida si los hechos se produjeron en los cinco años previos. También se exigirá acreditar un empadronamiento mínimo de diez años en la Comunidad de Madrid.
"Vamos a seguir intensificando la lucha contra la ocupación, a pesar de contar con competencias limitadas", aseguró la presidenta madrileña, quien recordó que la Comunidad de Madrid prevé poner en el mercado más de 14.000 viviendas de alquiler asequible dentro del Plan Vive.