(Cinco Días, 06-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo
Las stablecoins continúan en el centro del debate. Este mercado ya supera los 300.000 millones de dólares de capitalización, aunque la mayor parte del valor se concentra en solo dos activos: USDT, emitida por Tether, y USDC, de Circle. Las monedas estables vinculadas al dólar acaparan prácticamente todo el mercado, con un peso cercano al 99%, una situación que inquieta a los supervisores. La CNMV lo señala expresamente en su último informe sobre el estado de los activos digitales, publicado este martes, en el que advierte de que esta fuerte dolarización plantea interrogantes relevantes para la política financiera y subraya la necesidad de buscar alternativas. Entre ellas, destaca impulsar una mayor presencia de stablecoins referenciadas al euro y respaldadas por activos financieros europeos, con el objetivo de equilibrar el mercado y reforzar el papel de la moneda común.
Aunque USDT no puede comercializarse en la Unión Europea por no ajustarse a los requisitos del reglamento MiCA, su principal rival, USDC, sí opera en el mercado europeo. Esta circunstancia ha puesto el foco sobre las llamadas stablecoins de emisión múltiple, es decir, aquellas que se emiten en distintas jurisdicciones sujetas a marcos regulatorios diferentes, como Estados Unidos y Europa. Los reguladores han advertido en varias ocasiones de los riesgos asociados a este tipo de activos, especialmente en escenarios de tensión financiera. En situaciones de reembolsos masivos, los emisores podrían verse obligados a atender solicitudes procedentes tanto de usuarios europeos como de tenedores de tokens emitidos fuera de la UE. Si las reservas situadas en Europa no fueran suficientes, el sistema dependería de transferencias desde entidades ubicadas en terceros países, con el riesgo añadido de que las autoridades extranjeras limiten o bloqueen esos flujos, dejando a los inversores sin acceso a sus fondos.
En octubre del año pasado, la Junta Europea de Riesgo Sistémico aprobó una recomendación no vinculante para prohibir este tipo de activos, lo que abrió un intenso debate. Víctor Rodríguez, director general de política estratégica de la CNMV, explicó este martes, durante un acto sobre el primer aniversario de MiCA, que estas stablecoins suponen un riesgo que debe abordarse, pero considera que una prohibición total podría generar efectos indeseados. En su opinión, existe el peligro de que los inversores trasladen su actividad a otros mercados. Por ello, el supervisor aboga por buscar soluciones intermedias, como una regulación más precisa y límites específicos, así como por fomentar el desarrollo de stablecoins denominadas en euros. La CNMV destaca, además, algunos proyectos impulsados por entidades financieras en Europa y en España que apuntan hacia un sector más regulado y seguro, con potencial para generar oportunidades en la economía real.
Los bancos centrales también valoran positivamente estas iniciativas, al entenderlas como una forma de reducir el peso de los actores estadounidenses, cuyo dominio contribuye a reforzar la posición del dólar. Una de las principales preocupaciones es que la expansión de las stablecoins provoque un trasvase de los ahorros de los consumidores hacia estos instrumentos, lo que podría debilitar la capacidad de concesión de crédito de los bancos, reducir la eficacia de la política monetaria o, en escenarios extremos, favorecer procesos de sustitución de la moneda.
En el ámbito europeo ya existen varios proyectos en marcha. Société Générale Forge lanzó en abril de 2023 la stablecoin EUR CoinVertible, vinculada al euro, y otras iniciativas están próximas a ver la luz. En España, BBVA prevé lanzar este año su propia moneda estable ligada al euro, mientras que CaixaBank ha promovido un consorcio denominado Qivalis junto a entidades como ING, Unicredit, Banca Sella o Raiffeisen Bank International, con el objetivo de emitir una stablecoin en la segunda mitad de 2026. Según un estudio de S&P Global Ratings publicado este martes, la emisión y el uso de monedas estables europeas crecerán con rapidez y, de cara a 2030, su valor total podría situarse entre 25.000 millones y 1,1 billones de euros, frente a los alrededor de 650 millones actuales.
Estas nuevas emisiones se incorporarían a un mercado de stablecoins vinculadas al euro que también presenta un alto grado de concentración. EURC, de Circle, domina claramente este segmento con más de la mitad del total emitido, seguida de EURCV y AEUR, que superan el 10% cada una, mientras que el resto de activos tienen cuotas inferiores al 6%. La CNMV advierte igualmente de los riesgos derivados de esta concentración. Dado que el dinero fiat que respalda estas monedas se deposita en distintos bancos o se invierte en deuda a corto plazo, existen riesgos de contraparte relacionados con la solvencia de esas entidades y con la propia naturaleza de los activos subyacentes. En escenarios de estrés, los reembolsos simultáneos podrían afectar no solo a las stablecoins, sino también propagarse a los mercados tradicionales a través de la venta forzada de reservas.
En cuanto al papel de la supervisión europea, aunque la entrada de los bancos en el ecosistema cripto y, en particular, en el ámbito de las stablecoins es bien recibida por los reguladores debido a la solidez y credibilidad de estas entidades, las autoridades avanzan con prudencia. En el conjunto de la UE ya se han concedido más de 140 autorizaciones bajo MiCA. En España, la CNMV ha otorgado licencias a tres empresas cripto y a cuatro bancos, aunque mantiene todavía 28 solicitudes en tramitación, según recordó este martes Carmen Corsín, subdirectora de autorizaciones del organismo. El periodo transitorio finaliza a finales de junio y, a partir de entonces, solo podrán seguir operando las entidades que cuenten con la autorización correspondiente, una situación que genera inquietud tanto en el sector como en el propio supervisor.
El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, reconoció también este martes que, pese a que MiCA ha supuesto un avance significativo al introducir mayor transparencia en un sector tradicionalmente opaco, su aplicación práctica y la labor de supervisión continúan siendo complejas. Según explicó, las dificultades derivan del rápido cambio tecnológico, de la sofisticación de los productos y de los nuevos canales de comercialización. En este contexto, considera que el marco actual aún es incompleto y requiere mayor claridad.
San Basilio se mostró partidario de avanzar hacia una supervisión más centralizada de los proveedores de servicios cripto en el ámbito de la ESMA, con el fin de evitar arbitrajes regulatorios y reforzar la protección de los inversores. No obstante, admitió que persisten dudas sobre cómo debería abordarse la vigilancia de los operadores de ámbito nacional, es decir, aquellas empresas que, aunque operan en varios países, concentran su actividad en un mercado concreto. A su juicio, todavía está por ver hasta qué punto la centralización de esta supervisión resultará realmente eficaz, un asunto que sigue siendo objeto de negociación.