(La Vanguardia, 20-03-20226) | Mercantil, civil y administrativo
Tras decidir no elaborar un informe que señalara responsables por el apagón que afectó a la Península Ibérica el 28 de abril del año pasado, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha publicado este jueves un documento alternativo centrado únicamente en propuestas para evitar que se repita un episodio similar o reducir sus efectos. En él plantea ajustes normativos y técnicos para prevenir variaciones bruscas de tensión y mejorar la coordinación entre los operadores de las redes.
El organismo considera que, en el momento del incidente, el sistema contaba con herramientas regulatorias y mecanismos suficientes para garantizar el suministro. Esta valoración coincide con la del Ministerio para la Transición Ecológica, que ha recibido positivamente el informe, y también con la postura de las compañías eléctricas, que interpretan estas conclusiones como una prueba de que no fueron responsables del apagón.
El documento, aprobado por el consejo de administración del regulador el miércoles, se ha publicado justo antes de que se conozca otro informe elaborado por el panel de expertos de la asociación europea de operadores de red Entso-e. Llega también poco después de la comparecencia en el Senado de la presidenta de la CNMC, Cani Fernández. Según fuentes cercanas al organismo, se optó por retrasar su aprobación para lograr un mayor consenso interno, lo que ha dado lugar a un texto más moderado.
Aunque la ley que regula la CNMC le permite identificar responsables en casos de fallos en el suministro, el organismo ha optado por no hacerlo en este caso, alegando falta de seguridad jurídica, ya que los posibles afectados no podrían recurrir la decisión por vía administrativa. En su lugar, mantiene abierta la investigación iniciada tras el apagón y, en su caso, podrá iniciar un expediente sancionador. Por ello, el informe tiene carácter consultivo.
Entre las recomendaciones, la CNMC destaca la complejidad de las infraestructuras compartidas por distintos productores, subrayando la necesidad de definir con claridad las responsabilidades para garantizar un funcionamiento eficiente del sistema. También propone avanzar en la armonización de normas a nivel nacional y europeo en relación con los límites de tensión y la duración de las sobretensiones, así como reforzar las inspecciones periódicas de los sistemas de protección y comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones tras su certificación.
El organismo insiste en que es necesario adaptar continuamente los marcos técnicos, operativos y regulatorios a un sistema eléctrico en transformación, marcado por una mayor presencia de energías renovables, una operativa más compleja y una mayor volatilidad en la tensión. Según explica, el análisis se ha basado en la información recabada y en reuniones mantenidas con los distintos agentes del sector.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha agradecido el enfoque del regulador y ha señalado que sus conclusiones coinciden con las del informe elaborado por el comité de análisis del Gobierno el pasado junio. Desde entonces, asegura, ya se han incorporado algunas de las recomendaciones, como un mayor control sobre las obligaciones de regulación de tensión, y se trabaja en otras medidas, como mejorar la digitalización de las redes, aumentar su capacidad de supervisión o reforzar las interconexiones internacionales.
Desde el apagón se han publicado varios informes que, según fuentes del sector, evitan asumir responsabilidades. Entre ellos, el del propio ministerio y el del operador del sistema, Red Eléctrica, que atribuyó el incidente al incumplimiento de ciertas normas por parte de las compañías eléctricas. El documento de la CNMC, publicado casi un año después, tampoco señala culpables. Se espera además otro informe del panel de expertos europeos, que seguirá la línea de uno anterior centrado en describir los hechos.
Tras conocer el contenido del informe, la patronal de las grandes eléctricas, Aelec -integrada por Iberdrola, Endesa y EDP-, ha valorado positivamente sus conclusiones, al considerar que confirman que los generadores no fueron responsables del apagón, que atribuyen a problemas en la gestión del sistema y a oscilaciones de tensión. La asociación sostiene que las empresas actuaron conforme a la normativa y que una aplicación adecuada de las herramientas disponibles habría reducido el riesgo.
Asimismo, Aelec defiende la necesidad de revisar los procedimientos operativos y eliminar ciertas limitaciones aplicadas tras el incidente, con el objetivo de optimizar el control de tensión sin comprometer la seguridad del suministro. También respalda la propuesta de fijar en 420 kV el límite operativo de tensión. Por su parte, el operador del sistema coincide en la importancia de cumplir la normativa vigente y asegura que ya aportó pruebas de que actuó conforme a ella durante y después del apagón, tal y como exigía la legislación.
El informe incluye además recomendaciones para otros sectores dependientes del suministro eléctrico, como el gas, los carburantes, el transporte ferroviario o las telecomunicaciones. En este último ámbito, se propone avanzar en la normativa sobre seguridad y resiliencia de las redes y mejorar la coordinación con la planificación eléctrica, incorporando sistemas automáticos de alerta.