(Cinco Días, 27-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El hallazgo de varios cárteles empresariales que durante años se han repartido contratos públicos -como en el caso del sector ferroviario- ha llevado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a ampliar su actuación más allá de la mera investigación de conductas ilícitas. La entidad que dirige Cani Fernández ha lanzado una consulta pública con el objetivo de ofrecer a las administraciones un marco que facilite la reclamación de perjuicios económicos en sus relaciones contractuales con empresas privadas.
La CNMC destaca que la contratación pública representa un 11,5 % del PIB nacional y supone casi el 25 % del gasto total del sector público, según datos de 2023 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon). Prácticas como los acuerdos colusorios de precios, el abuso de posición dominante o el reparto pactado de licitaciones pueden suponer un impacto significativo en las cuentas públicas. Por ello, la CNMC recuerda que cualquier afectado por una vulneración de las normas de competencia tiene derecho a reclamar judicialmente una indemnización.
Como ya adelantó el diario Cinco Días, Adif, empresa pública gestora de infraestructuras ferroviarias, planea encargar peritajes para calcular los daños ocasionados por el denominado "cártel de la electrificación", en el que una docena de compañías se repartieron contratos durante 14 años. Estos concursos, valorados en conjunto en más de 1.200 millones de euros, estaban relacionados con la instalación de sistemas eléctricos y de seguridad en líneas de alta velocidad y en redes convencionales. Aunque la CNMC sancionó al grupo con multas por valor de 118 millones de euros en 2019, Adif pretende ahora recurrir a la vía judicial para exigir una compensación económica por la falta de competencia en aquellas adjudicaciones.
Este tipo de reclamaciones, según la CNMC, contribuyen a disuadir futuras conductas anticompetitivas, al margen de las sanciones impuestas por las autoridades regulatorias. Las demandas buscan restituir al perjudicado al estado en que se encontraría de no haberse producido la infracción, conforme al artículo 72 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia. En esta línea, la propia CNMC publicó en julio de 2023 una guía para ayudar a calcular los daños derivados de vulneraciones del derecho de la competencia.
La entrada en vigor en 2014 de la Directiva 2014/104/UE, conocida como la directiva de daños, abrió la puerta a que particulares y empresas pudieran reclamar indemnizaciones. Sin embargo, la CNMC observa que los organismos públicos apenas han hecho uso de esta posibilidad. Con esta consulta pública, el organismo busca analizar los obstáculos a los que se enfrentan las entidades públicas al emprender este tipo de acciones legales.
El proceso, que estará abierto hasta el 18 de julio, invita a participar a administraciones, empresas, expertos legales y económicos, académicos, y otros actores interesados. La CNMC ha anunciado que el procedimiento será completamente transparente: las respuestas y la identidad de los participantes serán publicadas íntegramente, salvo que se aleguen razones de confidencialidad justificadas.
La consulta se estructura en dos partes: la primera con preguntas generales dirigidas a todos los interesados, y la segunda centrada en quienes ya han iniciado reclamaciones, aunque también puede ser respondida por otros con experiencia en la materia. Entre los temas planteados se incluyen la eficacia de diversas medidas para promover estas reclamaciones, el uso de métodos alternativos al proceso judicial, y las dificultades para justificar y cuantificar los daños sufridos.