(Expansión, 10-06-2025) | Fiscal
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) estima que la suma de la deuda tributaria pendiente de cobro y las indemnizaciones que debe afrontar el Estado representa ya el 21% de la recaudación fiscal anual, reflejo de un sistema que perjudica tanto a empresas como a contribuyentes y al propio Estado.
Según el IEE, el volumen de litigios fiscales en España es excesivo, tanto por el número de reclamaciones como por los importes involucrados, especialmente si se compara con otros países europeos. Esta situación genera no solo costes económicos adicionales, sino también daños reputacionales, tanto para los ciudadanos y las empresas como para la propia Administración Pública. Así lo advirtió ayer el instituto, órgano de análisis vinculado a la CEOE, al presentar su informe El problema de la litigiosidad tributaria en España. Propuestas de solución y mejora desde la perspectiva de las empresas, elaborado por 17 especialistas, entre ellos catedráticos de Derecho Financiero y expertos fiscales.
El documento revela que en 2022 la deuda tributaria en litigio ascendía a 40.421 millones de euros, incluyendo 10.847 millones correspondientes a ingresos paralizados por recursos presentados. En 2023 esta cifra subió a 42.036 millones, según datos oficiales de la Agencia Tributaria. A esto hay que sumar 12.145 millones de euros en indemnizaciones que el Estado debe pagar tras perder juicios tributarios, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
En conjunto, la deuda fiscal en disputa y las compensaciones derivadas de sentencias contrarias al Estado equivalen a una quinta parte de lo que recauda Hacienda en un año. Es decir, un 21% de los ingresos obtenidos en 2022 por vía impositiva.
"Es una cifra absolutamente desproporcionada", señaló el catedrático Luis Manuel Alonso González, uno de los autores del informe, quien advirtió que el nivel de litigiosidad tributaria en España ha llegado a ser insostenible. Solo en 2022 se registraron más de 230.000 reclamaciones ante los tribunales económico-administrativos, lo que supone una media de unas 630 diarias. De ellas, cerca del 40% terminan con resolución favorable al contribuyente.
Aunque apenas el 2% de las actuaciones de la Agencia Tributaria son recurridas por los ciudadanos, estos recursos tienden a tener un elevado impacto económico y una tasa considerable de resoluciones contrarias a Hacienda.
El estudio también analiza el recorrido de estos litigios. En 2022, el 24,8% de los recursos de reposición fueron resueltos a favor de los reclamantes, total o parcialmente. Esto implica que en uno de cada cuatro casos, la propia Administración admite que no actuó correctamente. En la siguiente instancia, los tribunales económico-administrativos estimaron por completo el 25,9% de las reclamaciones. Finalmente, en los juzgados de lo contencioso-administrativo, la tasa de éxito para el contribuyente ascendió al 31,7%.
En conjunto, el informe concluye que de cada 100 recursos fiscales presentados, aproximadamente un 60% terminan siendo estimados en su totalidad en alguna de las fases del procedimiento, lo que indica una elevada proporción de errores administrativos y alimenta la alta litigiosidad del sistema tributario, haciendo que recurrir resulte rentable para muchos contribuyentes.
El IEE también señala que algunas decisiones del Tribunal Constitucional han incentivado aún más la litigación. Por ejemplo, en el caso de la Plusvalía municipal, el impuesto fue declarado inconstitucional, pero solo se permitió reclamar su devolución a quienes lo habían impugnado previamente. Esto ha consolidado la práctica de pagar impuestos discutibles con la intención de recurrirlos de inmediato, por si en el futuro son anulados por los tribunales.
A pesar de que el sistema prevé ciertos incentivos para evitar la vía judicial -como reducciones en los acuerdos de conformidad-, muchos prefieren litigar. "Cuando se recurre, se pierden esas bonificaciones, por lo que hay contribuyentes que prefieren asegurarlas y evitar un proceso largo y costoso", explicó Gregorio Izquierdo, director general del IEE.