(El País, 04-11-2026) | Fiscal
La llegada de tres millones de turistas al año puede representar una importante fuente de ingresos para las arcas municipales, pero también supone un considerable aumento de los gastos que deben afrontar los ayuntamientos para mantener los servicios públicos. Es el caso de Salou (Tarragona), que cuenta con apenas 33.000 habitantes empadronados y debe atender a una población flotante muy superior. Su alcalde, Pere Granados (PSC), reconoce que los vecinos soportan una parte importante del coste de unos servicios dimensionados para atender a muchas más personas que las que residen habitualmente en el municipio. Una situación similar atraviesa Benidorm (Alicante), que debe hacer frente a una indemnización de 360 millones de euros, una obligación que dificulta el proceso de reducción de su deuda. Ambas localidades reclaman una modificación del sistema de financiación de las entidades locales que permita aumentar los recursos disponibles para atender las necesidades derivadas de la actividad turística.
Las cuentas municipales de Salou reflejan el incremento de estos costes. El presupuesto ha pasado de 46,7 millones de euros en 2021 a los 76,2 millones previstos para 2026, lo que supone un crecimiento del 66%. Una parte importante de este aumento corresponde al gasto corriente en bienes y servicios, que engloba tanto las prestaciones vinculadas al turismo como las destinadas a la población residente. Esta partida ha pasado de 19,9 a 33,1 millones de euros y representa ya el 42,8% del presupuesto municipal, frente al 37,8% de hace cinco años. Solo en 2026 ha aumentado un 13,6%, convirtiéndose en el capítulo que más crece. Entre los motivos figuran la actualización y ampliación de contratos municipales relacionados con la jardinería, el socorrismo en las playas, el saneamiento, el mantenimiento de edificios, el alumbrado y las fuentes, además de la segunda fase del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria.
El alcalde de Salou explica que buena parte de estos gastos se cubren mediante el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y las tasas municipales, que pagan tanto los residentes como los propietarios de segundas viviendas y los titulares de actividades económicas. Sin embargo, considera que el actual modelo de financiación local no tiene suficientemente en cuenta el impacto que el turismo genera sobre los servicios públicos. Por ello, defiende una revisión del sistema que permita distribuir los recursos de una forma más equitativa y ajustada a las características de los municipios turísticos. Entre sus propuestas figura que estas localidades puedan recibir directamente una parte del IVA recaudado por la actividad económica desarrollada en su territorio.
Salou pertenece a la Alianza de Municipios de Sol y Playa, integrada por ocho localidades: Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos. En conjunto, estos municipios reciben alrededor del 9% de los turistas extranjeros que visitan España y concentran el 19% de las pernoctaciones. Su principal dificultad es atender a una población temporal que puede multiplicar considerablemente el número de residentes, con el consiguiente aumento de las necesidades de limpieza, seguridad, mantenimiento e infraestructuras. Además, la reducción de la estacionalidad turística prolonga la presión sobre los servicios municipales durante buena parte del año, lo que complica la elaboración de unos presupuestos capaces de absorber el incremento del gasto.
Benidorm, con unos 77.000 habitantes censados y cerca de tres millones de visitantes anuales, afronta una situación financiera especialmente complicada por una sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento a indemnizar con unos 350 millones de euros a los antiguos propietarios de unos terrenos situados en Sierra Gelada. Los suelos perdieron sus posibilidades de desarrollo urbanístico tras quedar integrados en el parque natural del mismo nombre. El acuerdo alcanzado posteriormente entre el consistorio y los propietarios contempla un primer desembolso de 60 millones de euros antes de finalizar el año y un periodo de carencia de cinco años. A partir de 2031, el Ayuntamiento deberá reservar el 8% de su presupuesto para atender los pagos pendientes, con el objetivo de liquidar la indemnización en un plazo máximo de 30 años.
Esta obligación ha complicado la evolución de las cuentas municipales, pese a que el Ayuntamiento había conseguido reducir de forma significativa su endeudamiento. En el último ejercicio, la deuda neta descendió de 58,2 a 32,8 millones de euros, prácticamente la mitad. Su alcalde, Toni Pérez (PP), sostiene que el desembolso inicial de 60 millones no ha obligado a reducir los servicios públicos ni a incrementar los impuestos y asegura que esa seguirá siendo la prioridad del consistorio. No obstante, también reconoce las dificultades para equilibrar los gastos municipales y reclama una reforma de la Ley de Haciendas Locales. Al igual que su homólogo de Salou, defiende que todos los municipios, independientemente de su condición turística, puedan participar en la recaudación del IVA generado por el consumo en su territorio. Por el contrario, rechaza la implantación de una tasa turística, al considerar que supondría gravar actividades que ya están sujetas al IVA y que su aplicación tendría un alcance limitado y discriminatorio.
Los otros seis integrantes de la Alianza de Municipios de Sol y Playa comparten la reclamación de una reforma urgente del modelo de financiación local que reconozca el esfuerzo económico adicional que deben realizar estas localidades. El sistema actual, que lleva 22 años sin modificaciones, establece unos requisitos muy restrictivos para que un municipio pueda ser considerado turístico a efectos de financiación. Entre ellos figuran no ser capital de provincia o de comunidad autónoma, contar con una población censada de entre 20.000 y 75.000 habitantes y disponer de más viviendas de segunda residencia que de residencia habitual. De los ocho municipios que forman parte de la alianza, únicamente Salou reúne estas condiciones y recibe por este concepto 286.854 euros anuales, una cantidad que representa el 11,6% del total distribuido.