(El Periódico, 25-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo
Una empresa mediana, LC Paper, tiene asignadas solo dos personas para gestionar la abrumadora cantidad de documentación obligatoria. Se trata de un total de 1.741 documentos al año que deben dirigirse a todas las instancias administrativas, desde las locales y autonómicas hasta las centrales. Este caso ilustra la avalancha de obligaciones con las que se enfrentan muchos negocios, según explica Joan Vila, titular de esta industria y miembro de la patronal Pimec.
Aunque las normativas medioambientales y de seguridad son indispensables y no están en cuestión, podrían gestionarse de manera más eficiente y con menos carga para el mundo empresarial. "Cada nivel de administración protege celosamente sus competencias", afirma Moisès Bonal, de Pimec. La burocracia, la tramitación de documentos y las cargas administrativas son solo algunos de los elementos, aunque no los únicos, que han motivado las protestas de agricultores y ganaderos, un sector que recibe numerosas subvenciones pero que no es el único afectado, ya que este problema concierne a todas las empresas, sobre todo a las más pequeñas. A pesar de los reiterados compromisos de simplificación administrativa por parte de las autoridades, esto se ha convertido en una promesa recurrente que nunca termina de materializarse por completo, se quejan los empresarios.
En un artículo reciente en el Diari de Girona, de Prensa Ibérica, Joan Vila explicaba que en Cataluña hay más de 1.000 grandes empresas y 532.000 pymes que emplean a 1,9 millones de personas, lo que representa el 68% del empleo. Estas últimas son las más afectadas. Además de la burocracia habitual, se suma "la lenta velocidad de respuesta de la administración catalana y española para otorgar permisos para nuevos proyectos".
La directora de Análisis Económico de la Cambra de Comerç, Carme Poveda, recuerda un estudio de esta entidad realizado en 2007 que estimaba que una reducción del 25% en la burocracia tendría un impacto positivo en el PIB de al menos el 1,5%. Hoy en día, el problema se agrava en detrimento de la productividad, ya que la producción normativa en España aumentó un 22% en 2022, según el último ejercicio analizado por la patronal CEOE.
Nadie cuestiona la necesidad de supervisar o justificar las actividades económicas públicamente, pero el problema radica en la complejidad del proceso, sin que la digitalización haya logrado reducir significativamente esta carga. Desde las empresas se reclama un sistema de ventanilla única real, donde no se requiera presentar diferentes documentos varias veces. Es difícil que una empresa, por pequeña que sea, pueda evitar dedicar tiempo a estas tareas, lo que a menudo se traduce en la subcontratación de servicios por un coste mínimo de 1.000 euros al año, aunque las cantidades pueden variar dependiendo del tipo de trabajo, según afirma Josep Ribó, presidente del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. "Cuanto más pequeña es la empresa, más afecta tener que destinar recursos a estos fines", añade este socio de Saumoy, Ribó i Baiges, en Barcelona. De hecho, hay empresas de menor tamaño que renuncian a subvenciones debido a la enorme cantidad de trámites que implican, explica Salvador Sedó, director de desarrollo sostenible de Foment del Treball.
Esta patronal defiende el uso de la declaración responsable, por ejemplo, para la apertura de comercios, siguiendo el modelo de funcionamiento de los países anglosajones, donde suele haber una mayor agilidad en los trámites. Muchas iniciativas deben superar un largo y complejo proceso. Por ejemplo, en el contexto de la prolongada sequía que vive Cataluña, hay empresas que solicitan un cambio en el uso del agua regenerada, que podría tener "múltiples aplicaciones industriales", pero deben pasar por múltiples departamentos en un proceso "complicado". O el caso de la ventanilla única para las energías renovables, que en realidad se ha convertido en un lugar donde se deben presentar diferentes documentos de diferentes departamentos y en diferentes días, según señalan los afectados.
El problema no se limita solo a los trámites, sino también al tiempo que se tarda en tomar decisiones vinculadas, por ejemplo, a inversiones verdes en Cataluña, a pesar de que el Gobierno actual ha afirmado haber agilizado los trámites. Un ejemplo reciente, detallado por el especialista en energías renovables Jaume Morron, socio director de dialEc en su cuenta de Twitter, ilustra este problema: "Después de 273 días desde el anuncio de información pública, la ponencia de energías renovables de Cataluña declara incompatible con la conservación del águila perdiguera el 25% de la superficie de la planta solar fotovoltaica Aubals de 11,02 megavatios (MW), en Garcia y Móra la Nova, en Ribera d'Ebre".