(El País, 01-06-2026) | Laboral
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha reafirmado este viernes su valoración sobre el sistema público de pensiones: aunque las últimas reformas impulsadas por el Gobierno permiten cumplir con la regla de gasto y evitan, por ahora, nuevos cambios legislativos, eso no asegura la viabilidad futura del sistema. El organismo advierte de que siguen existiendo "riesgos para la sostenibilidad fiscal a largo plazo" y apunta además a posibles incumplimientos de las normas fiscales europeas.
Por ello, la presidenta de la Airef, Inés Olóndriz, ha reclamado al Ejecutivo una modificación "explícita" de la actual regla de gasto en dos frentes. Por un lado, plantea que el coste del sistema de pensiones esté vinculado a la sostenibilidad general de las finanzas públicas, por ejemplo mediante indicadores como la deuda pública. Por otro, considera necesario adaptar esta regla al marco fiscal europeo, ya que, según ha señalado, "la regla española no encaja" con las exigencias comunitarias.
El informe presentado responde a la solicitud del Gobierno de actualizar el análisis elaborado en 2025. Entonces, la Airef ya advirtió de que el sistema apenas cumplía el límite establecido. El gasto en pensiones descontando las medidas de ingresos -el criterio que utiliza Bruselas- representaba de media el 13,2% del PIB entre 2022 y 2050, muy cerca del máximo legal fijado en el 13,3%. Con los nuevos datos, la previsión mejora hasta el 13% del PIB, principalmente gracias al aumento de ingresos derivado del nuevo sistema de cotización de autónomos basado en ingresos reales.
Aun así, la Airef insiste en que el cumplimiento "formal" de la regla de gasto no elimina las dudas sobre la salud futura de las cuentas públicas. El organismo detecta varios "problemas de diseño" en la norma y propone revisarla. Entre sus críticas, señala que la regla ofrece una visión incompleta de la sostenibilidad, ya que solo contempla el gasto en pensiones y deja fuera otros costes asociados al envejecimiento de la población, como la sanidad o la dependencia. También cuestiona la falta de precisión en la definición de las medidas de ingresos.
En consecuencia, la institución concluye que los parámetros actuales no reflejan realmente la sostenibilidad financiera del Estado, algo que, según indica, queda patente en el hecho de que el cumplimiento de la regla es compatible con un aumento de la deuda pública en las próximas décadas. De hecho, la Airef calcula que la deuda podría alcanzar el 123% del PIB en 2050, impulsada sobre todo por el incremento del gasto vinculado al envejecimiento demográfico.
El estudio incorpora además una primera estimación sobre el impacto económico de la nueva regularización de inmigrantes. A partir de una previsión de 950.000 personas regularizadas, de las cuales unas 337.000 pasarían a estar ocupadas, la Airef calcula que el efecto en el primer año superará los 1.000 millones de euros. En concreto, estima que las cotizaciones a la Seguridad Social aumentarán en unos 1.074 millones, aunque Olóndriz ha calificado este impacto de "muy moderado", equivalente al 0,067% del PIB.
La presidenta de la Airef añadió que, a medida que estos trabajadores se consoliden en el mercado laboral, su aportación al sistema crecerá hasta alcanzar un máximo de 0,11 puntos del PIB alrededor de 2030, momento a partir del cual dicho efecto tenderá a estabilizarse.