(El País, 20-11-2025) | Laboral
El Gobierno solicitó el pasado julio a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que elaborase un nuevo análisis sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y que lo entregase en junio de 2026, apenas un año después del informe que el organismo publicó en marzo. Aquel informe aprobaba por poco la situación del sistema, aunque advertía de un deterioro progresivo de las cuentas.
Según el calendario legal, la Airef no tendría que repetir esta evaluación hasta dentro de tres años, pero el Ejecutivo pidió adelantarla debido a la presión de la Comisión Europea, que criticó que el examen incluyera las transferencias fiscales destinadas a la Seguridad Social. La Airef, sin embargo, ha manifestado su desacuerdo con este nuevo encargo, alegando que no tiene sentido repetir tan pronto la evaluación y que ello compromete su independencia, como explicó su presidenta, Cristina Herrero, ante la Comisión del Pacto de Toledo. Este martes, fuentes del organismo confirmaron que paralizan el trabajo porque consideran que la petición gubernamental no se ajusta a la normativa que regula sus funciones.
Herrero señaló en el Congreso que la capacidad de supervisión de la Airef ya estaba limitada por las condiciones impuestas para el primer informe. Según explicó, esta limitación se agrava tras la reciente reforma del decreto que exige un nuevo informe en un solo año. Aunque el decreto justifica esta repetición por la necesidad de incorporar las revisiones al alza del PIB de 2022 y 2023 y de disponer de más información para evaluar las reformas, fuentes implicadas en su elaboración apuntan que la verdadera razón fue la presión de Bruselas.
Herrero cuestionó además la justificación técnica: "Si solo se trata de añadir el crecimiento del PIB, eso puede hacerlo el propio Gobierno o la Comisión Europea; no es necesario encargarlo a la Airef". Subrayó también que el encargo excede el papel de un supervisor fiscal encargado de evaluar al conjunto de Administraciones Públicas. Según la presidenta, esta solicitud supone un uso "privativo" de los recursos de la Airef y corre el riesgo de convertir al organismo en una "agencia del Estado".
La discrepancia no se limita al contenido del encargo, sino también a su forma. El decreto pide un "informe de evaluación de las medidas para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones", pero la Ley Orgánica de la Airef solo permite tres tipos de documentos: informes, opiniones y estudios. Y, según Herrero, este encargo no puede calificarse como "informe" legalmente. Señaló que la Abogacía del Estado respalda esta interpretación, aunque su dictamen no es vinculante. Por ello, la Airef sostiene que la petición debería reformularse como un estudio, que se realizaría en función de los recursos disponibles y con la metodología que el organismo considere adecuada. En consecuencia, no garantiza que esté listo en junio de 2026 y confirma que el trabajo está paralizado hasta que se modifique el encargo.
El Ministerio de Seguridad Social, consultado sobre esta polémica, defiende la independencia de la Airef y afirma que la Abogacía del Estado ha ratificado que esta queda "asegurada". El Ministerio sostiene que el nuevo análisis solicitado está previsto en la cláusula de cierre del sistema -que activa subidas automáticas de ingresos si el gasto en pensiones se descontrola- y que, por tanto, debe interpretarse como un estudio contemplado por la ley.
El anterior examen sobre las pensiones fue aprobado por un margen mínimo. La Airef estimó en marzo un gasto neto del 13,2% del PIB para el periodo 2022-2050, apenas una décima por debajo del umbral que obligaría a activar ajustes. Ese aprobado ajustado se consiguió tras un polémico cambio metodológico promovido por el Gobierno, que decidió incluir en el análisis las transferencias del Estado a la Seguridad Social, aunque originalmente estaban excluidas. La Airef solo aceptó parte de esas transferencias -tres décimas del 1,3% del PIB total- y criticó con dureza el cambio, crítica que se ha intensificado tras el nuevo encargo.
En cualquier caso, Herrero reiteró su preocupación por la evolución del sistema de pensiones. Aunque actualmente se cumplen las reglas fijadas por el Gobierno, la presión sobre el gasto aumentará debido a factores como la llegada masiva del baby boom a la jubilación, el incremento de la cuantía de las prestaciones, la indexación al IPC o la baja natalidad. La Airef calcula que el gasto podría aumentar unos 3,4 puntos de PIB hasta 2050, alcanzando el 16,1%, lo que exigirá un incremento de las transferencias estatales en unos 2,4 puntos.
También criticó la presidenta las "debilidades metodológicas" y la "inconsistencia temporal" de las reglas de evaluación actuales. Y volvió a su idea habitual: "El sistema es tan sostenible como otros grandes gastos públicos, como defensa, sanidad o educación. No necesitamos una regla específica para las pensiones". Para Herrero, la cuestión de fondo es que el reparto de recursos debe ser una decisión política global.
El Ministerio de Seguridad Social, por su parte, destacó aspectos positivos que reconoce la Airef, como el efecto de los incentivos a la jubilación demorada -que han pasado del 5% en 2021 a más del 11% en 2025- y la mayor entrada de población migrante: la previsión para 2025 se eleva ahora a cerca de 600.000 personas, frente a las 400.000 previstas inicialmente.