(El País, 10-07-2025) | Laboral
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha solicitado un dictamen a la Abogacía del Estado ante la petición del Gobierno de realizar una segunda evaluación del sistema público de pensiones para 2026, una revisión que no estaba contemplada en el calendario legal. La AIReF cuestiona la legalidad y la posible arbitrariedad de estos encargos extraordinarios por parte del Ejecutivo.
La primera evaluación sobre la reforma de pensiones, publicada por la AIReF en marzo y aprobada por un estrecho margen, ha generado una considerable controversia, que ahora se traduce en un conflicto abierto entre la institución presidida por Cristina Herrero y el Ministerio de Seguridad Social. El nuevo encargo exige un nuevo análisis antes del 1 de junio de 2026, es decir, dos años antes del plazo originalmente previsto en la normativa.
Durante una comparecencia reciente, Herrero informó que la AIReF ha remitido una consulta a la Abogacía del Estado solicitando una interpretación clara y restrictiva respecto a la posibilidad de que el Gobierno imponga nuevos informes mediante leyes o decretos. Según fuentes consultadas por el diario Expansión, la AIReF considera que estas peticiones adicionales, sin tener en cuenta su impacto en la carga de trabajo de la institución, comprometen su independencia y autonomía.
El nuevo encargo fue oficializado en el BOE apenas tres meses después de la primera evaluación, lo que ha generado inquietud dentro de la AIReF. En su escrito, la institución plantea que este tipo de actuaciones pueden percibirse como una forma de presión institucional, especialmente al tratarse de un encargo que introduce modificaciones relevantes respecto al decreto anterior, como no contabilizar las transferencias del Estado como ingresos habituales del sistema.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad Social, liderado por Elma Saiz, ha justificado este segundo análisis como un informe de seguimiento y no una nueva evaluación formal. Sin embargo, el contenido del nuevo encargo mantiene prácticamente los mismos elementos de exigencia que el anterior, incluyendo la posibilidad de que el Gobierno deba aplicar ajustes si se incumplen los objetivos financieros del sistema.
Fuentes del entorno gubernamental han reconocido que la solicitud de este segundo análisis responde a las dudas expresadas en Bruselas sobre la metodología utilizada en la primera evaluación, especialmente en lo relativo al uso de transferencias del Estado -que superaron los 48.000 millones en 2024- como parte de los ingresos ordinarios del sistema. Esa práctica provocó un informe menos favorable sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, que prevé un incremento de la deuda hasta el 129% del PIB para 2050 y un déficit del 7% asociado al gasto en pensiones.
La Comisión Europea, alertada por el Partido Popular Europeo, mostró preocupación por estas cifras y por la afirmación de la propia AIReF de que, pese al visto bueno otorgado a la senda de gasto, la sostenibilidad del sistema se ha deteriorado tras la reforma. En respuesta a estas críticas, el Ministerio solicitó una nueva evaluación, adelantando el calendario y alterando los criterios establecidos en la anterior revisión.
Desde el Ejecutivo insisten en que la petición se enmarca en el mecanismo de seguimiento previsto en la reforma y subrayan su respeto por la independencia de la AIReF, recordando que fue el propio Gobierno quien incluyó una cláusula de revisión vinculada a un informe de esta institución como parte del diseño de la reforma del sistema de pensiones.