(El Economista, 01-06-2026) | Laboral
Las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante la pasada legislatura y la actual se han convertido en uno de los principales ejes de la política económica del Gobierno de coalición. El salario mínimo ha pasado de los 735 euros mensuales en 2018 a los 1.221 euros previstos para 2026, un incremento que está siendo analizado por distintos centros de estudio para evaluar su impacto en el mercado laboral. Según estas evaluaciones, las mejoras han reforzado el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos, aunque también han tenido efectos en la dinámica de creación de empleo, de acuerdo con el último informe de la AIReF.
El organismo que preside Inés Olóndriz ha examinado la subida del 5% aplicada en 2024 y señala que su impacto sobre el empleo ha sido mayor que el de los incrementos de 2023 (8%) y 2019 (22,3%), pese a que este último fue más elevado. En concreto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estima que como consecuencia de la subida más reciente se habrían dejado de generar entre 78.000 y 90.000 puestos de trabajo. En su análisis, la AIReF describe este efecto como negativo, aunque de intensidad moderada.
El informe apunta como factor clave el aumento del número de trabajadores afectados por el salario mínimo. Si en 2019 el SMI alcanzaba aproximadamente al 6% de los afiliados a la Seguridad Social, en 2024 la cifra ya ascendía al 9,2%, lo que equivale a cerca de dos millones de personas. Este mayor alcance, unido a la compresión de las escalas salariales, explicaría que el impacto sobre la creación de empleo haya crecido de forma significativa, casi duplicándose en comparación con 2019, cuando la estimación de empleo no creado se situaba en torno a 54.000 puestos.
La AIReF también analiza la proporción de trabajadores cuyos salarios se sitúan hasta un 25% por encima del SMI, un indicador que permite anticipar la sensibilidad del mercado laboral a futuras subidas. En 2024, este grupo representaba ya el 27% del total, reflejando una elevada concentración de salarios en la parte baja de la distribución. En 2019, el porcentaje era del 19%, mientras que en el último ejercicio analizado se acercaba al 30%, lo que sugiere que nuevas subidas del salario mínimo podrían tener un impacto más acusado en el empleo.
Distintos estudios coinciden en que el incremento del SMI ha contribuido a mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores con salarios más bajos, siendo este el único colectivo que ha experimentado una mejora clara en los últimos años. Sin embargo, este avance se ha traducido también en un aumento de los costes laborales para las empresas, lo que condiciona sus decisiones de contratación. La patronal ha expresado en varias ocasiones su rechazo a las últimas subidas, especialmente en sectores como la agricultura, donde consideran que el nivel salarial resulta difícil de asumir para muchas pequeñas empresas.
El Gobierno, por su parte, plantea integrar determinados complementos salariales dentro del SMI, lo que, según estimaciones de CEOE, podría elevar el coste laboral en algunos sectores hasta un 25%, aumentando la presión sobre las empresas.
Aun así, el mercado laboral mantuvo un comportamiento positivo en 2024, con la creación de casi medio millón de empleos. En el ámbito de los ingresos públicos, la AIReF señala que el impacto de estas subidas sobre las cotizaciones es limitado, aunque positivo. Calcula que las aportaciones procedentes del 9% de trabajadores que cotizan por la base mínima incrementarán los ingresos en torno a un 0,1% del PIB entre 2022 y 2050, una contribución inferior a la de otras medidas como el aumento de las bases máximas o el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. En conjunto, el SMI contribuye a reforzar el sistema de pensiones, aunque con un peso menor respecto a otras reformas estructurales aplicadas en los últimos años.