(El Periódico, 10-04-2024) | Fiscal
Los datos del plan de prevención contra el fraude 2023-2026 muestran que la cantidad aflorada es casi idéntica a la del año 2022 (294 millones de euros). En el primer año de implementación de este plan, se llevaron a cabo 54.544 actuaciones, lo que representa un aumento del 7% con respecto a 2022, según explicó Marta Espasa, secretaria de Hacienda de la Generalitat.
La detección de cambios ficticios de domicilio fiscal alcanzó los 12 millones, considerablemente menor que los 50 millones del año 2022, luego de realizar un total de 200 requerimientos. De esta cantidad total, 2,1 millones corresponden a la simulación de residencia en otras comunidades autónomas, principalmente en Madrid; y 9,9 millones a otros países, sobre todo en Andorra; que involucraron a un total de 27 contribuyentes. De estos, 15 corresponden a deslocalizaciones a otras autonomías y 12 a países extranjeros. Además, se identificaron bienes no declarados en el extranjero por un total de 1,6 millones en 18 liquidaciones.
Natàlia Mas, consellera de Economía, ha recordado que algunos estudios estiman un nivel de fraude entre el 15% y el 20%, afectando de manera significativa al estado del bienestar y a la función redistributiva que debe cumplir la administración. Mas también aprovechó para señalar que la presión fiscal en Catalunya está por debajo de la media europea, en respuesta implícita a las afirmaciones recientes de Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal Foment del Treball, sobre la elevada carga fiscal en la comunidad.
En el año anterior, la hacienda catalana realizó 24 liquidaciones por deslocalizaciones ficticias de contribuyentes, la mitad que en 2021, pero por un importe casi duplicado, llegando a casi 50 millones. En total, hubo 10 liquidaciones generadas por simular cambios de residencia a otras autonomías, principalmente a Madrid, que sumaron 4,5 millones de euros; y 14 hacia el extranjero, generando 45 millones. En 2021, se llevaron a cabo 45 liquidaciones que totalizaron 28,7 millones, de las cuales 20 fueron por cambios ficticios a otras comunidades autónomas (1.289 millones) y 25 al extranjero (27,5 millones).
El 42% del fraude se concentró en el impuesto de sucesiones y donaciones, alcanzando los 121 millones, seguido por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD), que gravan, entre otros, la compraventa de viviendas de segunda mano, con 84 millones. Finalmente, el impuesto sobre el patrimonio sumó 76 millones.
El área de inspección fue la más efectiva en la detección de fraude, concentrando el 48% del total, seguida por gestión con el 39% y recaudación con el 13%. El plan de acción de la ATC incluye 68 medidas relacionadas con la concienciación fiscal, transparencia y la detección y corrección del fraude fiscal, entre otras áreas.