(Expansión, 12-12-2020) | Sector
El Consejo General de la Abogacía (CGAE) ha remitido a los poderes públicos -Gobierno, Casa Real, Cortes Generales, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas- un decálogo que ha elaborado para la protección de los Derechos Humanos en tiempos de pandemia con la intención de que lo tengan en cuenta a la hora de gestionar crisis sanitarias como la actual.
Según explica la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, "los riesgos y daños que comportan las eventualidades pandémicas, como hemos podido comprobar, pueden afectar drásticamente a la agenda de las autoridades, exigiéndoles además algo tan complejo como recalcular el valor que cada derecho individual tiene en una nueva escala de valores del interés público".
Por ello, y ante la perspectiva de que el número de enfermedades infecciosas pueda crecer en el futuro, la Abogacía ha considerado oportuno "ofrecer a las autoridades públicas una carta de navegación", estimando que "el marco de los Derechos Humanos es el punto de anclaje correcto para el complejo ejercicio político que implica la recolocación temporal de bienes jurídicos fundamentales en una grave pandemia".
El decálogo analiza la regulación legal de la gestión de pandemias; la protección de grupos vulnerables como personas mayores, población penitenciaria o migrantes; el acceso a medicamentos y vacunas; las características del modelo sanitario; la aplicación de tecnología; el funcionamiento de la justicia; el mantenimiento de la actividad económica y empresarial; el derecho a la información y la libertad de expresión; y el enfoque sobre la seguridad nacional o la cooperación internacional y la protección del medio ambiente.
En el ámbito normativo, recomienda elaborar una "ley de pandemias que permita realizar un enfoque integral y coordinado de las competencias y los poderes en el Estado autonómico, de tal manera que se logre una mayor eficiencia en la gestión". En este sentido, defiende que "la gestión de la pandemia debiera realizarse desde el principio de subsidiariedad", de modo que si afecta a varias comunidades o al conjunto del territorio sea el Estado quien asuma el liderazgo, explica Europa Press.
Asimismo, sostiene que "la reacción a la pandemia debe basarse en criterios científico-técnicos, lo que exige crear un órgano técnico, que debiera estar regulado en la ley de pandemias, con independencia de que en las decisiones políticas se realice la debida ponderación de todos los intereses en presencia".