(El Economista, 08-07-2026) | Laboral
El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes prepara una nueva orden ministerial para adaptar la jornada y los horarios del personal de la Administración de Justicia y de Presidencia tras la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos a 37,5 horas semanales.
La propuesta establece que, con carácter general, los funcionarios realizarán una jornada de 35 horas semanales, mientras que el personal con régimen de dedicación especial trabajará 37,5 horas. Durante el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre se aplicará la jornada intensiva de verano, reduciendo el horario a 32,5 horas semanales para la mayoría de los empleados y a 35 horas para quienes tengan dedicación especial.
El texto también prevé que el calendario laboral se apruebe cada año mediante la coordinación entre el Ministerio, las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia y las organizaciones sindicales. Además, dicho calendario deberá estar disponible antes del 1 de enero de cada ejercicio, adelantando así su publicación respecto al sistema actual.
La futura regulación contempla igualmente la posibilidad de acogerse a una jornada reducida de cinco horas continuadas al día, entre las 9:00 y las 14:00 horas, con una retribución equivalente al 80% del salario. Esta modalidad no estará disponible para los funcionarios sujetos al régimen de dedicación especial.
En cuanto a las horas extraordinarias, la propuesta establece un sistema de compensación para los excesos de jornada motivados por necesidades urgentes o inaplazables. Las horas trabajadas entre las 19:00 y las 22:00 darán derecho a dos horas de descanso compensatorio por cada hora adicional realizada, mientras que las efectuadas entre las 22:00 y las 7:30 del día siguiente se compensarán con dos horas y media.
El proyecto de orden ministerial ha permanecido en trámite de audiencia pública entre el 30 de junio y el 8 de julio, periodo durante el cual los interesados han podido presentar alegaciones antes de su aprobación definitiva.