(El Confidencial, 16-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes una de las mayores convocatorias de acceso a la carrera judicial y fiscal de los últimos años, con un total de 700 plazas. De ellas, 575 se cubrirán mediante oposición libre y las 125 restantes corresponderán al denominado cuarto turno, destinado a juristas de reconocida trayectoria profesional.
Según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la convocatoria incluye 375 plazas para jueces y 200 para fiscales, cuyo proceso selectivo arrancará el próximo mes de octubre. Paralelamente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convocará otras 125 plazas de magistrado a través del sistema de concurso-oposición reservado a profesionales con más de diez años de experiencia jurídica.
La convocatoria forma parte de un plan más amplio de refuerzo de la Administración de Justicia. El Gobierno trabaja ya en la aprobación de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales, una ampliación de efectivos que el Ejecutivo considera inédita y que prevé materializar en las próximas semanas mediante la aprobación de dos reales decretos. Estas medidas se encuentran actualmente en fase de consulta con el CGPJ, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias transferidas y otros departamentos ministeriales.
Desde el Ministerio que dirige Félix Bolaños destacan que la creación de 500 plazas judiciales en un solo ejercicio no tiene precedentes recientes. La cifra supera el número total de plazas creadas durante la última década y supondrá un incremento aproximado del 8,5% en la plantilla judicial.
Esta ampliación ha sido posible gracias a la implantación del nuevo modelo organizativo previsto en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. La reforma sustituye los tradicionales juzgados unipersonales por tribunales de instancia, órganos integrados por varios jueces que comparten una única Oficina Judicial encargada de prestar apoyo técnico y administrativo.
El nuevo sistema permite aumentar el número de jueces sin necesidad de crear estructuras judiciales completas, reduciendo significativamente los costes. Mientras que la puesta en marcha de un juzgado tradicional suponía una inversión cercana a los 500.000 euros, la creación de una nueva plaza judicial dentro de los tribunales de instancia tiene un coste estimado de unos 100.000 euros.
En el ámbito del Ministerio Fiscal, la ampliación también será significativa. La plantilla pasará de 2.804 a 3.004 fiscales, lo que representa un crecimiento del 7,1%. Según los datos del Ejecutivo, en las dos últimas décadas no se había registrado la creación de más de un centenar de plazas de fiscales en un único año.
La distribución territorial de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a indicadores como la carga de trabajo de los órganos judiciales, los niveles de litigiosidad y la evolución demográfica de cada comunidad autónoma. Para ello se han tenido en cuenta los informes elaborados por el CGPJ y la Fiscalía General del Estado, así como las propuestas remitidas por las comunidades autónomas con competencias transferidas y por los distintos tribunales superiores de justicia.
Con esta convocatoria y la futura ampliación de plantillas, el Gobierno busca reforzar la capacidad de respuesta de la Justicia, reducir la sobrecarga de trabajo existente en numerosos órganos judiciales y avanzar en la modernización del sistema judicial español.