(El Economista, 31-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha iniciado el trámite de consulta pública para modificar el Real Decreto que regula el arancel de los Registradores de la Propiedad. La propuesta pretende actualizar el sistema de tarifas aplicable a las notas simples y a los servicios de información continuada prestados por vía telemática, adaptándolo a la realidad tecnológica y económica actual.
La normativa vigente fue aprobada en 1989, cuando la publicidad registral se gestionaba principalmente de forma presencial, en papel o mediante comunicaciones por correo y fax. Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley 11/2023 eliminó el uso del fax para el envío de información registral, salvo en aquellos casos en los que existan problemas técnicos que impidan utilizar otros medios.
La iniciativa llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en una sentencia dictada el 26 de mayo, anulara el cobro de 12,03 euros por una nota simple con información continuada al considerar que ese importe carecía de cobertura normativa. El tribunal concluyó que el precio aplicable debía limitarse a 3,01 euros.
Según explica el Ministerio, los servicios de información registral continuada requieren actualmente infraestructuras tecnológicas avanzadas, sistemas seguros de comunicación y elevados niveles de ciberseguridad, lo que implica unos costes muy superiores a los existentes cuando se aprobó el arancel vigente.
Aunque la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública había consolidado una doctrina administrativa que admitía determinadas tarifas para los servicios telemáticos -como una minutación global de 12 euros para las notas que sustituyen al antiguo fax y de 9,02 euros para la publicidad instrumental del Servicio de Índices-, estos importes nunca llegaron a incorporarse de forma expresa en la regulación arancelaria.
Para sustituir el sistema de envío por fax, el Colegio de Registradores implantó un procedimiento digital a través de su Sede Electrónica, que permite solicitar y obtener de forma inmediata información sobre la titularidad y las cargas de los inmuebles, con plena trazabilidad de las consultas realizadas.
Con esta reforma, el Gobierno pretende incorporar al marco normativo la doctrina administrativa existente para reforzar la seguridad jurídica de ciudadanos y profesionales, garantizar la financiación de las inversiones tecnológicas necesarias y asegurar la sostenibilidad económica del servicio registral. Asimismo, la modificación busca adaptar el modelo registral español al proceso de digitalización promovido por la Unión Europea. El periodo de consulta pública permanecerá abierto hasta el próximo 5 de agosto de 2026.