(Expansión, 06-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo
Junts está impulsando nuevamente el debate sobre las sedes sociales de las empresas que abandonaron Cataluña durante el procés para establecerse en otras regiones. La propuesta de los neoconvergentes busca que la decisión sobre el cambio de sede recaiga nuevamente en la junta de accionistas en lugar del consejo de administración, permitiendo a cualquier socio o accionista solicitar el retorno, sin importar su participación en el capital. Si persiste la discrepancia entre el domicilio registrado y el centro de decisiones tras una solicitud, Junts propone que se considere una infracción grave, sujeta a sanciones.
Esto se establece mediante una enmienda presentada por el partido liderado por Carles Puigdemont en la tramitación del proyecto de ley del Real Decreto-ley 6/2023, conocido como decreto ómnibus. Junts busca modificar varios aspectos de la Ley de Sociedades de Capital, incluyendo el domicilio empresarial (artículos 9 y 10), los contenidos del informe de gestión (artículo 262) y las competencias de la junta general de accionistas y el consejo de administración (artículo 285).
La ponencia encargada de aprobar el proyecto de ley aún no se ha constituido y lo hará después de las elecciones catalanas. Entre las enmiendas propuestas, Junts pretende que la discrepancia en las sedes pueda ser considerada contraria al orden público societario por el órgano judicial competente y que cualquier socio o accionista tenga la capacidad de ajustar el domicilio registrado al real.
En cuanto a las nuevas exigencias, si un accionista lo solicita, Junts busca que el consejo de administración esté obligado a modificar de inmediato la ubicación de la sede. Además, cualquier socio o accionista podrá pedir que el informe de gestión incluya una verificación explícita de su demanda, estableciendo multas en caso de incumplimiento.
El PSOE definirá su postura una vez constituida la ponencia de la ley, según fuentes del grupo parlamentario en el Congreso. Por su parte, Junts no ha realizado declaraciones al respecto. Con esta iniciativa, la formación neoconvergente busca poner fin a un fenómeno que contribuyó a impulsar. En otoño de 2017, Convergència, ERC y la CUP declararon la independencia unilateral de Cataluña en el Parlament, tras una votación ilegal según el Tribunal Constitucional. Desde entonces hasta marzo pasado, se han registrado 9.370 traslados de sedes a otras regiones en el Registro Mercantil, principalmente a Madrid y la Comunidad Valenciana, cifra superior a las 4.265 empresas que han llegado a Cataluña desde otras regiones.
La facilitación de los traslados fue posible gracias a un cambio legal promovido por el exministro de Economía, Luis de Guindos, cuestionado por el independentismo y que Junts propone revisar con su propuesta, dando más poder a los accionistas en la ubicación de la sede en lugar del consejo de administración.