(El País, 01-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Jueces y fiscales han convocado una huelga que se desarrollará entre este martes y el jueves como forma de protesta contra dos reformas legislativas impulsadas por el Ministerio de Justicia. La primera afecta al sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, y la segunda modifica el estatuto del Ministerio Fiscal para adaptarlo a la futura normativa que otorgará a los fiscales la dirección de la instrucción penal. Las cinco asociaciones convocantes -todas excepto la de tendencia progresista- han detallado en un comunicado cuáles son las actuaciones que quedan incluidas en los servicios mínimos, como el levantamiento de cadáveres, los juicios que involucren a personas vulnerables (como menores, víctimas de violencia de género o personas con discapacidad), y medidas de carácter urgente en ámbitos como el laboral, mercantil o contencioso-administrativo.
En el comunicado, las asociaciones organizadoras señalaron que los jueces y fiscales que se adhieran a la huelga no están obligados a informar a sus superiores, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la Fiscalía General del Estado. También aclararon que quienes estén de vacaciones o de baja no serán contabilizados como participantes en la huelga. No obstante, el CGPJ aprobó el jueves pasado, por unanimidad, que esta convocatoria carece de respaldo legal y decidió no darle reconocimiento oficial.
Desde el Ministerio de Justicia se ha manifestado respeto tanto por quienes participen en la huelga como por quienes no lo hagan. Sin embargo, también se ha solicitado al CGPJ y a la Fiscalía General que informen diariamente, antes de las dos de la tarde, del número de jueces y fiscales que no hayan acudido a su puesto de trabajo.
La tensión entre el Gobierno y los colectivos judiciales ha ido en aumento desde el pasado 11 de junio, cuando jueces y fiscales realizaron un paro simbólico de diez minutos y leyeron un manifiesto común a las puertas de los juzgados. En él, expresaban su rechazo a la reforma del acceso a la judicatura, reclamaban la consolidación de los jueces sustitutos y criticaban los cambios en el estatuto fiscal. Consideraban, además, que la nueva normativa supondría un descenso en la exigencia de conocimientos para acceder a estas profesiones. En ese manifiesto ya advertían que no descartaban adoptar medidas más contundentes, como una huelga.
La legalidad de la huelga ha sido cuestionada formalmente por el CGPJ, que considera que no existe base normativa que ampare este tipo de acciones en el ámbito judicial. Esta postura se reforzó después de que el Ministerio de Justicia solicitara una aclaración por escrito sobre si seguían vigentes las condiciones de la huelga acordadas en 2009, cuando se estableció que la ley no contempla el derecho de huelga para jueces y magistrados. El ministerio también propuso que se sancione a quienes participen, tanto económicamente como mediante medidas disciplinarias, por cesar voluntariamente en su actividad sin una causa justificada.
El fiscal general del Estado, por su parte, envió una carta el pasado viernes a los fiscales jefes advirtiendo de la falta de recursos para garantizar los servicios mínimos durante los tres días de huelga. En su mensaje, subrayó la necesidad de asegurar todas las actuaciones cuya omisión pudiera perjudicar los derechos de los ciudadanos, así como los juicios programados para los días 1, 2 y 3 de julio que no hayan sido suspendidos.
El sábado, alrededor de 3.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, se manifestaron frente al Tribunal Supremo en Madrid. En la concentración participaron los representantes de las cinco asociaciones convocantes: María Jesús del Barco (APM), Sergio Oliva Parrilla (AJFV), Fernando Portillo (FJI), Cristina Dexeus (AF) y Miguel Pallares (APIF). En un comunicado conjunto, denunciaron que las reformas del Gobierno "no responden a ninguna demanda social" y criticaron que se hayan tramitado por la vía de urgencia.
El ministro Félix Bolaños, por su parte, ha defendido en el Senado que los temores de las asociaciones están infundados. Tras la concentración del sábado, comparó estas reformas con la ley del matrimonio igualitario, asegurando que, con el tiempo, las críticas se revelarán injustas. En contraste, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, acusó al Ejecutivo de intentar "colar a 900 jueces sin oposición" para controlar la justicia. Bolaños respondió defendiendo el trabajo "riguroso e independiente" de los jueces sustitutos.