(La Vanguardia, 06-07-2026) | Fiscal
Irlanda afronta durante este semestre una de las negociaciones más complejas de la Unión Europea. Como país que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, el primer ministro, Micheál Martin, tiene el encargo de intentar alcanzar un acuerdo político sobre el próximo Marco Financiero Plurianual, el presupuesto comunitario que regirá entre 2028 y 2034, antes de que finalice el año.
La negociación parte de posiciones muy alejadas. Por un lado, los denominados países frugales, entre ellos Suecia y Países Bajos, reclaman una reducción significativa del gasto comunitario. En el extremo opuesto, Estados como España, Portugal o Italia defienden el mantenimiento de las grandes partidas tradicionales, como los fondos de cohesión y la Política Agraria Común (PAC), ante el temor de que las nuevas prioridades en materia de defensa y competitividad reduzcan su financiación. Alemania ha planteado incluso la posibilidad de recortar hasta 400.000 millones de euros respecto a la propuesta inicial presentada por la Comisión Europea.
Con el objetivo de facilitar un acuerdo, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha encargado a la presidencia irlandesa estudiar nuevas fuentes de financiación para el presupuesto comunitario que permitan limitar el incremento de las aportaciones nacionales sin renunciar a las nuevas inversiones que demanda la Unión.
Entre las alternativas que se analizan figura la creación de nuevos recursos propios de la UE, siendo una de las propuestas más relevantes la implantación de un impuesto europeo sobre las grandes empresas tecnológicas. La iniciativa resulta especialmente delicada para Irlanda, cuya economía mantiene una estrecha relación con multinacionales estadounidenses del sector digital gracias a su favorable régimen fiscal. Solo en 2023, Alphabet, Apple y Microsoft aportaron alrededor del 38% de toda la recaudación del impuesto de sociedades del país.
Pese a ello, Micheál Martin ha asegurado que la presidencia irlandesa actuará con neutralidad durante las negociaciones. Según explicó, sobre la mesa existen entre seis y siete posibles mecanismos para generar nuevos ingresos comunitarios, con distintos niveles de respaldo entre los Estados miembros y las instituciones europeas, por lo que el objetivo será analizar todas las opciones durante los próximos meses.
Además del gravamen a las grandes plataformas digitales, también se estudian otras fuentes de financiación, como impuestos relacionados con el juego en línea o con las criptomonedas. Sin embargo, la propuesta que mayor capacidad recaudatoria presenta es la vinculada al sector digital. Un análisis preliminar de la Comisión Europea estima que un impuesto inspirado en los ya existentes en España, Francia e Italia podría aportar alrededor de 5.000 millones de euros anuales. El Parlamento Europeo plantea una fórmula mucho más ambiciosa que extendería el gravamen al conjunto del comercio digital, con una recaudación potencial cercana a los 42.900 millones de euros al año.
La presidencia irlandesa pretende cerrar un acuerdo sobre las líneas generales del presupuesto antes de finalizar el semestre, aunque reconoce la dificultad del proceso. El viceprimer ministro y ministro de Finanzas, Simon Harris, ha insistido en que cualquier nuevo impuesto europeo deberá cumplir dos condiciones fundamentales: contar con el respaldo político unánime de los Estados miembros y poder entrar en funcionamiento en 2028, coincidiendo con el inicio del nuevo marco presupuestario.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido de que la Unión necesita incorporar alrededor de 66.000 millones de euros anuales en nuevos recursos para financiar las prioridades del próximo presupuesto. En caso contrario, las alternativas pasarían por incrementar las contribuciones nacionales o aplicar importantes recortes al gasto comunitario, que podrían alcanzar hasta el 40% de algunas partidas. Según la Comisión, este escenario pone de manifiesto la necesidad de encontrar nuevas fuentes estables de financiación para sostener las políticas europeas de los próximos años.