(El País, 05-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La controversia entre el sector hotelero y las agencias de viajes con el Ministerio del Interior por el nuevo registro de viajeros, en vigor desde el 1 de diciembre de 2024, ha dado un giro inesperado. Tras varias prórrogas y más de un año de espera para que el Gobierno aprobara de manera unilateral la orden ministerial que desarrolla este censo -un proceso en el que las empresas han reprochado reiteradamente la falta de diálogo-, Interior ha mostrado un cambio de actitud. Este viraje se ha materializado en una primera reunión conjunta, impulsada por la CEOE, en la que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se comprometió, según fuentes empresariales, a adaptar el sistema a las particularidades de cada sector.
La puesta en marcha del nuevo registro, que sustituyó a una normativa con 65 años de antigüedad calificada por el sector como obsoleta, generó un profundo malestar entre los hoteleros. El principal motivo fue la obligación de recabar hasta 42 datos por viajero, lo que, a su juicio, ralentiza el proceso de entrada en los establecimientos. Además, denunciaron que parte de la información exigida -como el número de tarjeta bancaria, el teléfono móvil, el correo electrónico, los vínculos familiares entre huéspedes o el precio de la estancia- podía vulnerar la normativa europea de protección de datos o resultar directamente imposible de obtener.
Las agencias de viajes también expresaron su rechazo a la norma y reclamaron quedar fuera del registro, al considerar que no estaban incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana de la que emana la obligación. A su entender, el sistema les imponía cargas excesivas y desproporcionadas. Desde Interior, en cambio, se defendió que solo se exigirían 13 datos -dos más que con la regulación anterior- y que la prioridad era reforzar la seguridad ciudadana, apoyándose en los resultados de la plataforma SES Hospedajes, que permitió generar en 2023 y 2024 unas 18.000 órdenes de búsqueda y detención. Pese a ello, ambos sectores habían comenzado a preparar acciones legales.
Con el nuevo clima de diálogo, la presentación de recursos podría quedar en pausa. Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, se muestra confiado ante este cambio de enfoque y valora de forma positiva la primera reunión tras un año sin contactos. Señala que el sector siempre ha estado dispuesto a facilitar a las fuerzas de seguridad los datos que figuran en el DNI o pasaporte del viajero, tal como se venía haciendo hasta ahora.
Por su parte, la Confederación Española de Agencias de Viajes ha solicitado un encuentro específico con Interior para reiterar los argumentos por los que piden quedar exentas de las nuevas obligaciones. Su gerente, Mercedes Tejero, subraya que la Ley de Seguridad Ciudadana solo se refiere a actividades de alojamiento y alquiler de vehículos, sin mencionar a agencias, operadores turísticos o intermediarios. En su opinión, incluirlas mediante un real decreto vulneraría el principio de jerarquía normativa.
Desde el Ministerio del Interior, no obstante, se relativiza el alcance de este cambio y se señala que las conversaciones con los sectores afectados se están desarrollando en un tono cordial, con el objetivo de facilitar el uso de la plataforma.
Los últimos datos de SES Hospedajes reflejan que, a 21 de diciembre, había 298.500 empresas inscritas en el registro, cerca de 100.000 más que en marzo. De ellas, 289.339 correspondían a alojamientos, 5.879 a agencias de viajes, 2.583 a compañías de alquiler de vehículos y 699 a plataformas digitales.
Más allá del volumen de información personal exigida a los viajeros, otra de las cuestiones pendientes es el régimen sancionador aplicable a las empresas que incumplan la normativa. Desde Tourism & Law, firma del Grupo Atlantigo que asesora a numerosas compañías afectadas, se indicó en mayo que Interior había comenzado a abrir expedientes sancionadores, aunque sin especificar los sectores implicados.
Desde el Gobierno precisaron que esos expedientes correspondían a incumplimientos anteriores a la entrada en vigor del nuevo reglamento. Si no se introducen cambios en la orden ministerial, el régimen sancionador considera infracciones leves las deficiencias en la cumplimentación de los registros o el envío fuera de plazo de la información obligatoria, con multas de entre 100 y 600 euros. También se tipifican infracciones graves, como la ausencia de registros o la falta de comunicación de los datos, castigadas con sanciones que van de 601 a 30.000 euros. En cualquier caso, Interior insiste en que el objetivo del registro no es recaudatorio.