(El País, 17-07-2025) | Fiscal
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha advertido este miércoles que el acuerdo de financiación singular pactado entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña es, a su juicio, "inviable" en términos prácticos y supone un riesgo grave para la estructura del Estado si se replica en otras comunidades. Según la organización que agrupa a los inspectores de élite de la Agencia Tributaria, esta propuesta marcaría el inicio de la "desintegración del Estado". En este contexto, han reiterado su petición de dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La presidenta de la asociación, Ana de la Herrán, ha señalado que llevan tiempo advirtiendo sobre los efectos negativos que implicaría una financiación fiscal diferenciada para Cataluña. Durante la presentación de un informe técnico, los inspectores han asegurado que un modelo como el planteado conduciría a la "descomposición" de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que se vería fragmentada y dividida entre las distintas autonomías.
Según explican, dicho esquema vulneraría principios esenciales del sistema tributario nacional, como la existencia de una única base de datos, una caja común y una gestión integrada de las retenciones fiscales. En particular, consideran que el traspaso del 100% de la gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la Generalitat en 2026 no sería factible. A su entender, no es una medida realista, ya que sería imposible cruzar la información entre una base de datos estatal y otra catalana.
Entre los efectos concretos, alertan de que se ralentizarían significativamente las devoluciones del IRPF y se dificultaría el envío de los datos fiscales a los contribuyentes, al estar distribuidos en dos sistemas independientes. Asimismo, afirman que se vería comprometida la capacidad para cruzar información fiscal, lo que afectaría la detección de posibles fraudes.
Aunque no han ofrecido estimaciones precisas sobre la pérdida de ingresos, han recordado que, según los datos más recientes (de 2022), Cataluña aportó el 19,35% de la recaudación total. En ese año, los ingresos tributarios del Estado ascendieron a 255.463 millones de euros, de los cuales 49.434 millones provinieron de esta comunidad.
Los inspectores concluyen que una separación en la gestión tributaria estatal y catalana dañaría la eficacia en la lucha contra el fraude fiscal. "Una base de datos dividida no puede ofrecer los mismos resultados que el sistema unificado actual", han afirmado.