(El País, 10-06-2026) | Laboral
Con el verano aún a varios días de comenzar oficialmente, las elevadas temperaturas ya están afectando al desarrollo de numerosas actividades laborales. Ante esta situación, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de medidas destinadas a reforzar la protección de los trabajadores frente al calor extremo. Entre las actuaciones previstas destacan un aumento de la vigilancia en sectores especialmente expuestos, como la construcción y la agricultura, una campaña informativa sobre prevención de riesgos, una mayor atención de la Inspección de Trabajo a los casos relacionados con el estrés térmico y un control más intenso de las condiciones laborales de los trabajadores extranjeros.
Estas iniciativas se enmarcan en la estrategia que el Gobierno viene desplegando durante los últimos veranos, marcados por episodios cada vez más frecuentes e intensos de altas temperaturas, un fenómeno que los expertos vinculan al cambio climático. El plan incluye además actuaciones en otros ámbitos, como la inversión de 168 millones de euros para mejorar la climatización de centros sanitarios y otros 200 millones destinados a instalaciones educativas. Estos recursos serán gestionados por las comunidades autónomas, responsables de estas competencias.
El Ministerio de Trabajo ha señalado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social incrementará su actividad de control en aquellos sectores donde el riesgo derivado del calor es mayor. La agricultura y la construcción figuran entre las actividades prioritarias debido a la exposición prolongada de sus trabajadores a condiciones climáticas adversas. Aunque muchas empresas ya adaptan los horarios para evitar las horas de máxima insolación, el objetivo es intensificar la vigilancia sobre quienes no cumplen con las obligaciones preventivas. Además, se dará prioridad a las denuncias presentadas por trabajadores que sufran situaciones de estrés térmico.
Paralelamente, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo está remitiendo información específica a las empresas de los sectores más afectados. Estas comunicaciones incluyen recomendaciones para minimizar los efectos del calor y recuerdan las obligaciones establecidas por la normativa vigente. En los espacios de trabajo interiores, la temperatura no debería superar los 27 grados, un límite que, según denuncian organizaciones docentes, se está rebasando en numerosos centros educativos. En el caso de las actividades al aire libre, la legislación vincula la suspensión de determinadas tareas a la activación de alertas meteorológicas naranjas o rojas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, un criterio reforzado mediante una reforma normativa aprobada en 2023.
Otra de las líneas de actuación anunciadas por el Ministerio de Trabajo consiste en reforzar los controles sobre las altas y cotizaciones a la Seguridad Social, así como sobre la contratación de trabajadores extranjeros en sectores que incrementan su actividad durante la temporada estival, especialmente la agricultura, la hostelería y el comercio. Estas actuaciones se desarrollarán en coordinación con las fuerzas de seguridad y organismos europeos para combatir posibles situaciones de explotación laboral y trata de personas.
Los datos más recientes reflejan que durante 2025 fallecieron cinco trabajadores en España como consecuencia de las altas temperaturas sufridas durante la jornada laboral. Además, se registraron cuatro accidentes graves y alrededor de 250 de carácter leve relacionados con el calor. Los sindicatos consideran que estas cifras no reflejan toda la dimensión del problema, ya que muchas veces los efectos del calor quedan ocultos detrás de otras causas aparentes. Como ejemplo, señalan que una caída en altura durante una jornada de calor extremo suele registrarse como accidente por desplome, sin que se tenga en cuenta que un golpe de calor o un mareo previo pudo haber sido el desencadenante real del siniestro. Esta circunstancia dificulta medir con precisión el impacto de las altas temperaturas sobre la siniestralidad laboral.