(El País, 08-10-2026) | Laboral
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa laboral, intensificó su actividad durante 2025, según refleja la memoria anual del organismo. El aumento de las actuaciones se tradujo en un mayor volumen de sanciones y en más trabajadores regularizados. En concreto, las sanciones propuestas alcanzaron los 858 millones de euros, frente a los 541 millones del año anterior, mientras que las actuaciones inspectoras permitieron dar de alta en la Seguridad Social a 96.200 personas.
Dentro de esta cifra destacan los falsos autónomos, trabajadores que formalmente figuran como empleados por cuenta propia pese a desarrollar una actividad que debería corresponder a una relación laboral. En 2025 se regularizaron 47.100 casos, el registro más elevado desde que existen datos, en 2015. La Inspección atribuye buena parte de este resultado al refuerzo de las actuaciones sobre plataformas digitales que recurren a este tipo de contratación y que, cuando lo hacen, suelen afectar a un número elevado de trabajadores.
Las conversiones de falsos autónomos en asalariados superaron así el anterior máximo, registrado en 2022, cuando se contabilizaron alrededor de 39.000 regularizaciones. El fuerte incremento de estas actuaciones coincide con la expansión de la economía de plataformas en España y con el proceso de transformación que durante 2025 llevó a Glovo a abandonar su modelo basado en repartidores autónomos para pasar a un sistema de trabajadores asalariados.
Del total de 96.200 personas regularizadas por la Inspección el pasado año, 48.500 correspondieron a trabajadores que no estaban dados de alta, 47.100 a relaciones laborales encubiertas como trabajo autónomo y 601 a falsos becarios. La cifra global supone un notable aumento respecto a las 56.100 regularizaciones de 2024 y las 80.600 de 2023, aunque se mantiene ligeramente por debajo de las 98.500 registradas en 2022.
El fraude relacionado con los falsos autónomos ha tenido especial incidencia en el reparto de comida a domicilio. Las actuaciones inspectoras, la denominada ley rider, las resoluciones judiciales y los cambios introducidos en el Código Penal para sancionar a los responsables de determinadas prácticas laborales han contribuido a modificar el modelo del sector. Mientras Glovo completó su transformación en 2025, Uber Eats continúa utilizando parcialmente repartidores autónomos pese a haber anunciado su intención de operar exclusivamente con asalariados.
Los sindicatos, además, advierten de que el recurso a plataformas digitales se está extendiendo a otras actividades con elevados niveles de precariedad, como la psicología, la limpieza o la abogacía. El fenómeno de los falsos autónomos, por tanto, ya no se limita al reparto de comida y se está trasladando a nuevos ámbitos de actividad.
La Inspección también incrementó sus actuaciones contra el empleo irregular de trabajadores extranjeros. En 2025 se regularizaron 18.700 personas sin permiso de trabajo, frente a las 12.200 del año anterior. La hostelería concentró la mayor parte de estas intervenciones, con unas 6.200 actuaciones y 4.980 infracciones. Le siguieron el comercio, con 3.100 actuaciones y 2.300 infracciones, y la construcción, con 2.300 actuaciones y 2.030 infracciones.
Otro de los focos de vigilancia fueron las situaciones de fraude en los contratos a tiempo parcial, en las que trabajadores contratados formalmente por una jornada reducida realizan en realidad una jornada completa. La intensificación de las inspecciones en este ámbito se tradujo en 15.400 actuaciones y permitió detectar 4.900 casos en los que se incrementó la jornada reconocida.
En conjunto, la Inspección de Trabajo actuó sobre 427.500 centros durante 2025 y detectó 208.500 infracciones de la legislación social. Las sanciones propuestas ascendieron a 858 millones de euros, frente a los 541 millones de 2024. El Ministerio de Trabajo también destaca el aumento de las actuaciones iniciadas a partir de denuncias anónimas: el organismo concluyó 11.800 actuaciones procedentes de comunicaciones recibidas a través de su buzón de denuncias, frente a las 10.060 del ejercicio anterior.