(Expansión, 07-05-2025) | Laboral
Las principales organizaciones empresariales del país han manifestado su preocupación por las consecuencias especialmente perjudiciales que tendría la nueva ley de reducción de jornada laboral sobre las pymes y los trabajadores autónomos. Alertan de que esta medida representa una intromisión directa en la negociación colectiva, afectará negativamente a la creación de empleo, reducirá la productividad y aumentará los costes empresariales. Por ello, las empresas ya se están organizando para influir en el Congreso y tratar de frenar la aprobación de esta propuesta.
El origen de este rechazo empresarial se remonta a las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales. Las patronales llevan más de un año reclamando al Ministerio de Trabajo, liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, un análisis profundo de las consecuencias que tendría reducir la jornada a 37,5 horas semanales. Argumentan que, sin un ajuste proporcional de los salarios, el coste laboral se incrementará notablemente, lo que podría comprometer la competitividad y la capacidad de generar empleo. Además, las pymes y los autónomos serían los más afectados, dado que cuentan con menos recursos para adaptarse a los cambios regulatorios.
Así lo han hecho saber a EXPANSIÓN una decena de asociaciones empresariales consultadas, que expresan su rechazo tajante a la medida. También critican que uno de los efectos más graves es que la ley interfiere en los procesos de negociación colectiva, al establecer de forma unilateral un aspecto clave como es la jornada laboral, presente en más de 4.000 mesas de negociación entre empresas y sindicatos.
Uno de los principales argumentos es el aumento de los costes laborales, que según Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, podría ascender a 23.000 millones de euros. Gerardo Cuerva, al frente de Cepyme, sostiene que esta medida sería "devastadora" para las pymes, sobre todo en sectores como el comercio, la hostelería y la agricultura. Por su parte, Lorenzo Amor, presidente de ATA, advierte que esta iniciativa podría suponer el cierre de pequeñas empresas y autónomos con empleados, quienes deberán asumir el mayor coste por tener jornadas más cercanas a las 40 horas.
Antoni Cañete, presidente de Pimec, también se suma a las críticas y asegura que la medida, tal como está redactada, podría poner en riesgo la supervivencia de muchas pymes y, por lo tanto, no debería aprobarse en su forma actual.
Uno de los efectos secundarios que se menciona menos es el aumento de precios, según Antonio Barderas, director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (Amef). Este incremento en los costes se trasladaría a los precios de productos y servicios, lo que elevaría el coste de vida y empobrecería a la población. Barderas califica la medida de "irresponsable" y sin fundamentos económicos sólidos, y la considera una injerencia injustificada del Ejecutivo en la negociación colectiva.
Matilde García Duarte, presidenta de La Distribución, advierte que sin una mejora previa de la productividad, la reducción de jornada podría traducirse a largo plazo en estancamiento salarial. Un diagnóstico que comparte Miguel Garrido, presidente de CEIM, quien subraya que en un país con la mayor tasa de desempleo de Europa, el Gobierno debería centrarse en aumentar la productividad en lugar de imponer cargas a las empresas. Acusa al Ejecutivo de legislar con fines políticos sin valorar el impacto real de sus decisiones.
Francisco Aranda, presidente de UNO Logística, advierte que aplicar estas medidas sin tener en cuenta las diferencias estructurales entre sectores llevará al cierre de muchas empresas, reducirá los contratos indefinidos a tiempo completo y dificultará futuras subidas salariales.
Finalmente, Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, señala que esta reforma limitará la flexibilidad en la organización del trabajo, y que en sectores como la construcción, donde ya escasea la mano de obra, la situación se agravará. Por ello, insiste en la importancia de mantener mecanismos voluntarios como las horas extras, que en Europa suelen regularse a través de la negociación colectiva, y considera que la rigidez del texto actual solo empeorará los problemas laborales existentes.