(El Confidencial, 25-03-2026) | Fiscal
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció hace casi tres años una iniciativa legislativa orientada a frenar lo que consideraba excesos de la Hacienda autonómica. Desde entonces, el proyecto ha seguido desarrollándose dentro del Ejecutivo regional hasta que, a comienzos de 2025, inició su recorrido parlamentario.
El anteproyecto de la Ley de Defensa del Contribuyente, impulsado por el Gobierno madrileño a través de su área económica, pretende reforzar las garantías fiscales de los ciudadanos. Entre sus medidas se incluyen la simplificación de trámites, la creación de una carpeta fiscal digital para gestiones en línea y la posibilidad de que la Administración pida disculpas de forma oficial cuando un contribuyente gane un litigio frente a la Hacienda regional.
Sin embargo, durante el periodo de información pública, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha planteado que el concepto de "contribuyente" resulta demasiado limitado. En sus alegaciones, el organismo presidido por Eugenio Ribón propone sustituirlo por una noción más amplia, como la de "obligados tributarios", con el fin de que la protección legal se extienda también a profesionales que representan a los ciudadanos ante la Administración.
La intención es que abogados y asesores fiscales queden igualmente amparados cuando actúan en defensa de terceros. Según el Colegio, centrarse únicamente en el contribuyente supone una restricción injustificada, ya que en la relación jurídico-tributaria intervienen otros actores que también necesitan garantías. Por ello, sugiere emplear fórmulas más inclusivas que abarquen a todos los implicados en este tipo de relaciones.
Más allá de esta cuestión, el ICAM también cuestiona el enfoque general del anteproyecto. Considera que se da demasiada importancia a los servicios de información y asistencia, dejando en segundo plano los procedimientos tributarios, que es donde se originan la mayoría de conflictos, como inspecciones, comprobaciones o sanciones.
Entre sus propuestas, destaca la necesidad de reforzar la seguridad jurídica de las consultas tributarias, asegurando su carácter vinculante y evitando cambios de criterio que puedan perjudicar a los ciudadanos. El Colegio advierte de que permitir a la Administración apartarse de sus propias interpretaciones alegando diferencias en los hechos podría vaciar de contenido estas garantías.
Asimismo, subraya la importancia de mejorar la respuesta administrativa cuando no se contestan consultas en plazo, ya que esto genera incertidumbre, especialmente si posteriormente se derivan sanciones.
Otro de los aspectos novedosos que introduce el ICAM es la incorporación de mecanismos de mediación para resolver discrepancias técnicas antes de que lleguen a los tribunales. En este sentido, plantea que la futura Oficina de Defensa del Contribuyente asuma un papel activo como intermediaria, promoviendo soluciones consensuadas entre la Administración y los ciudadanos.
El Colegio también aboga por reforzar la independencia de este organismo, proponiendo que su dirección recaiga en una persona externa a la Administración tributaria y con experiencia acreditada. Además, sugiere que esta oficina pueda formular recomendaciones ante quejas ciudadanas y que las autoridades estén obligadas a justificar sus decisiones cuando no las sigan.
Estas propuestas han sido elaboradas por especialistas en derecho tributario del ICAM y su centro de mediación, bajo la coordinación de Roberta Poza. Según explican, el objetivo es contribuir a que la futura ley establezca un equilibrio real entre la actuación de la Administración y la protección de los derechos de los ciudadanos, garantizando al mismo tiempo la lucha contra el fraude y el respeto a las garantías jurídicas.