(El Economista, 26-02-2026) | Laboral
La reforma laboral acordada entre el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos a finales de 2021 se perfila como el principal legado de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz para el empleo en España, tras anunciar que no encabezará la candidatura unitaria a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones generales. No obstante, una de las principales críticas a esta norma se centra en cómo afecta a las estadísticas de paro el colectivo de trabajadores con contrato fijo discontinuo cuando pasan a periodos de inactividad a la espera de ser llamados por su empresa. Este no es, sin embargo, el único cambio que ha alterado las condiciones de acceso a las prestaciones por desempleo.
El Ministerio de Trabajo evita detallar cuántos de estos trabajadores inactivos se registran en los servicios públicos de empleo para cobrar prestaciones sin computar como parados. Aun así, los datos oficiales muestran que en 2025 se concedieron 802.952 prestaciones contributivas por esta causa, una cifra récord que incluso supera a las 780.632 originadas por despidos. Este fenómeno se repite desde 2022, coincidiendo con la entrada en vigor de la reforma, y no incluye los subsidios posteriores a la prestación contributiva.
Aunque el contrato fijo discontinuo es indefinido, las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) registran estas prestaciones como derivadas de la "finalización de una relación temporal", junto con la expiración de contratos administrativos o temporales. Aun así, el fin de contratos temporales continúa siendo la principal vía de acceso a la prestación, con 1,55 millones de casos, aunque esta cifra ha caído un 28,6% desde 2021.
Durante ese mismo periodo, las prestaciones por despido han aumentado un 57,3%, y las vinculadas a la inactividad de los fijos discontinuos un 67,8%. En 2025 ambas descendieron ligeramente -un 4,2% y un 2,7%, respectivamente- lo que sugiere cierta estabilización, mientras que las derivadas de contratos temporales repuntaron un 3,1%.
El incremento más acusado se observa entre quienes no superan el periodo de prueba: desde 2022 estas altas han crecido un 82,5% y en 2025 alcanzaron un nuevo máximo histórico de 134.554 tras aumentar otro 2,7%. Este colectivo suele acumular cotizaciones muy cortas -inferiores a seis meses-, lo que limita su acceso a la prestación.
Más de la mitad (55,1%) de las prestaciones concedidas a fijos discontinuos son reanudaciones de ayudas previamente suspendidas, un comportamiento más parecido al de los trabajadores temporales (72,8%) que al de los despedidos, donde solo representan el 16,9%. Esto refleja la alternancia entre periodos de actividad e inactividad propios de estos contratos, aunque exista garantía de reincorporación. En el caso de quienes pierden el empleo durante el periodo de prueba, las reanudaciones alcanzan el 66,2%, lo que indica una situación todavía más precaria.
Para acceder a la prestación contributiva es necesario haber cotizado al menos 360 días en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo. Esto implica que quienes encadenan contratos breves, ceses en periodo de prueba o trabajos discontinuos suelen percibir el paro durante menos tiempo. Además, cuando un fijo discontinuo vuelve a su puesto, la prestación se interrumpe.
Debido a la menor duración de estas ayudas, los despedidos siguen siendo el grupo con mayor número medio de beneficiarios mensuales: han aumentado un 25,8% desde 2021 y un 41,2% desde 2019, hasta situarse en torno a 356.000 personas. Por el contrario, los procedentes de contratos temporales expirados se han reducido un 46,2% desde 2021, pasando de más de 334.000 a unos 178.000, una caída comparable solo a la registrada durante la Gran Recesión, aunque ahora se debe a un cambio estructural hacia el empleo indefinido.
En cuanto a los fijos discontinuos, pese a superar las 800.000 altas anuales, el promedio mensual de beneficiarios se sitúa en 128.908 personas, un 33% más que en 2021. Conviene recordar que ese año aún estaban vigentes las medidas extraordinarias por la pandemia, que permitían a muchos de estos trabajadores -habitualmente ligados a sectores estacionales como el turismo- no consumir prestaciones, de forma similar a los afectados por ERTE. Si se compara con 2019, el aumento alcanza el 123%.