(El Periódico, 23-10-2025) | Fiscal
España lleva desde enero sin cumplir una normativa europea que exime del IVA a autónomos y pymes con ingresos de hasta 85.000 euros al año. Según esta directiva, estas personas no tendrían que incluir el IVA en sus facturas: ni cobrarlo, ni pagarlo, ni deducirlo. Alternativamente, los países miembros pueden establecer un régimen simplificado que reduzca la carga administrativa para estos contribuyentes.
En España, según datos de la Agencia Tributaria, existen alrededor de 2,5 millones de autónomos y pequeñas empresas que facturan por debajo de ese umbral, y asociaciones como ATA estiman que medio millón de autónomos podrían estar interesados en aplicar esta exención.
La Comisión Europea ya ha llamado la atención a España, junto con Bulgaria, Grecia y Rumanía, por no haber adaptado aún esta normativa, que debía estar en vigor desde el 1 de enero de 2025. En julio, Bruselas envió un requerimiento formal que supone el primer paso antes de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que podría implicar sanciones económicas.
Este tema ha vuelto al centro del debate público coincidiendo con las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales para modificar las cuotas de autónomos del RETA para 2025. Tras las críticas generadas por la primera propuesta del Ministerio de Inclusión, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó para defender una medida que ya había incluido en su plan para los autónomos: eximir del IVA a quienes facturen menos de 85.000 euros anuales, en línea con lo que exige la UE y que España incumple desde hace casi un año.
Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que su intención es adaptar la norma antes de que finalice 2025. No descartan implantar el sistema de exención del IVA, pero tampoco aseguran que el límite final sea exactamente de 85.000 euros, ya que la directiva permite a los Estados fijar umbrales más bajos. Algunos países, como Alemania, Finlandia, Portugal o Chipre, han optado por cantidades inferiores.
Además, Hacienda ya advirtió en 2022 que esta medida podría fomentar fraudes, como dividir artificialmente una actividad en varias entidades para mantenerse por debajo del límite. Así lo recogía un informe interno del propio ministerio.
La transposición de esta directiva exige una reforma del sistema fiscal para autónomos, algo pendiente desde hace años. En 2022, el Gobierno creó un grupo de trabajo con sindicatos, patronales y asociaciones de autónomos para abordar este y otros cambios. Sin embargo, el grupo apenas duró seis meses, y el adelanto electoral acabó por frenar cualquier avance. Uno de los puntos conflictivos era la regulación de ciertos sectores, como el del taxi o el transporte, que siguen cotizando a través de un sistema de módulos, prorrogado desde 2016 por varios gobiernos, precisamente para evitar protestas.
El retraso en esta reforma ha contribuido a que España no haya cumplido con la Directiva 2020/285, que busca simplificar la vida de los autónomos con menos recursos, especialmente los que tienen poca estructura, pocos gastos y dificultades de liquidez.
Casos como el de autónomos profesionales -diseñadores, abogados o arquitectos- que tienen ingresos irregulares o facturas pendientes de cobro, son un ejemplo claro de cómo este sistema podría aliviar sus obligaciones, al evitarles tener que adelantar un IVA que aún no han cobrado.
Mientras se define cómo se aplicará finalmente esta normativa, los autónomos deben prepararse para otro cambio importante: la facturación electrónica obligatoria. A partir del 1 de enero de 2026 será obligatoria para los que tributan por el Impuesto de Sociedades, y desde el 1 de julio de ese mismo año para todas las empresas y autónomos, quienes deberán utilizar la plataforma oficial Verifactu.