(El Economista, 04-09-2026) | Fiscal
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se reúne este viernes, después de que la cita prevista para julio fuera aplazada, con el objetivo de avanzar en la aprobación de la reforma del sistema de financiación autonómica. La amenaza de que no haya quórum sigue presente tras la ausencia de la Comunidad de Madrid, aunque respecto al último encuentro del organismo, celebrado en enero para abordar esta cuestión, sí habrá una novedad: Canarias ha decidido apoyar la propuesta después de que el Gobierno se comprometiera a cumplir la denominada Agenda Canaria.
El nuevo modelo, diseñado cuando María Jesús Montero estaba al frente del Ministerio de Hacienda y que incorpora algunas de las demandas de ERC, cuenta con el rechazo de las comunidades gobernadas por el PP, además de Castilla-La Mancha y Asturias. En total, 13 autonomías consideran que la reforma beneficia especialmente a Cataluña y mantiene las actuales diferencias en la financiación territorial. Uno de los principales puntos de conflicto es el principio de ordinalidad, reclamado por Cataluña y que plantea garantizar una posición relativa en recursos a las comunidades que más aportan. El resto de territorios, incluidas Madrid y Baleares pese a que podrían resultar beneficiadas por este criterio, entiende que su aplicación incrementaría las desigualdades. También genera rechazo la ausencia de un fondo de nivelación que garantice una financiación similar por habitante ajustado.
En los últimos días, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha reclamado incluso al Ejecutivo que no participe en la votación, al considerar que debe corresponder a las propias comunidades decidir sobre el futuro del sistema.
Sin embargo, el principal obstáculo para que la reforma prospere no se encuentra tanto en la oposición de la mayoría de las autonomías como en la posición de Junts. Una vez que el CPFF dé su visto bueno, el Consejo de Ministros deberá aprobar el correspondiente anteproyecto de ley, que posteriormente tendrá que superar su tramitación parlamentaria. En esta fase, las posibilidades de que salga adelante son reducidas, ya que el respaldo de Junts resulta determinante y, por ahora, la formación de Carles Puigdemont no apoya el modelo.
Junts rechaza una reforma negociada con ERC que no contempla ni dejar de aplicar en Cataluña la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) ni establecer para esta comunidad un concierto económico similar al existente en el régimen foral.
Hasta ahora, el Gobierno solo ha logrado sacar adelante otro proyecto de ley relacionado con la financiación autonómica: el relativo a la condonación de parte de la deuda de las comunidades con el Estado. La iniciativa contempla que la Administración central asuma 83.252 millones de euros de deuda autonómica, con un impacto especialmente relevante en las regiones con mayores niveles de endeudamiento, como Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la medida solo cuenta con el respaldo de Cataluña, mientras que el resto de comunidades rechaza la quita. El PP sostiene que la operación trasladará al conjunto de los españoles el coste de las deudas acumuladas por las autonomías y permitirá mutualizar desequilibrios que, a su juicio, no deberían asumir otros territorios. Pese a ello, los siete diputados de Junts permitieron que el proyecto superara el Pleno del Congreso celebrado en julio.
La propia condonación de deuda, no obstante, también afronta un futuro incierto. La iniciativa se encuentra actualmente en la fase de presentación de enmiendas parciales en la Comisión de Hacienda del Congreso. A la habitual lentitud en la tramitación parlamentaria de esta legislatura, que mantiene alrededor de 70 proyectos de ley bloqueados en distintas comisiones, se suman ahora las exigencias de ERC y Junts.
Ambas formaciones han advertido al Gobierno de que podrían retirar su apoyo si no se incrementa la cantidad de deuda condonada a Cataluña, fijada actualmente en 17.104 millones de euros. El texto fue elaborado hace más de un año y desde entonces el endeudamiento de la Generalitat ha seguido aumentando. Las negociaciones sobre estas modificaciones se han convertido así en otro de los principales frentes de la legislatura para el Ejecutivo.