(Expansión, 18-11-2025) | Fiscal
El Ministerio de Hacienda presentará a comienzos del próximo año una propuesta para renovar por completo el sistema de financiación autonómica -un cambio pendiente desde 2014- con la que promete incrementar los recursos destinados a todas las comunidades, reconocer las particularidades de cada territorio y abrir la posibilidad de transferir a las autonomías una mayor parte de los impuestos estatales, además de garantizar que esos fondos se entreguen de manera inmediata.
Así lo comunicó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los consejeros autonómicos durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Adelantó también que su intención es convocar un nuevo Consejo monográfico para presentarles la reforma "entre enero y febrero" de 2026.
Montero recordó que ya intentó abordar esta reforma a finales de 2021, cuando envió a las comunidades una propuesta de revisión de la población ajustada considerando factores como la despoblación, la dispersión geográfica o la insularidad, como base para actualizar el reparto de fondos. Sin embargo, explicó que "las comunidades no renunciaron a sus posiciones de máximos, lo que impidió alcanzar un acuerdo", incluso entre territorios gobernados por el mismo partido. Por ello, esta vez Hacienda optará por "presentar el modelo completo de una sola vez", mostrando el impacto final que tendría para cada autonomía.
La vicepresidenta precisó que el planteamiento inicial garantiza que "ninguna comunidad autónoma saldrá perdiendo: el sistema dispondrá de más recursos para sanidad, educación, servicios sociales o dependencia". Subrayó que será aplicable a todas las regiones de régimen común, aunque incorporará las particularidades territoriales que correspondan. De este modo, aclaró, permitirá integrar el acuerdo de financiación específica alcanzado para Cataluña entre PSC y ERC.
Montero añadió que el nuevo sistema "reflejará de manera explícita la solidaridad entre territorios, con criterios claros y transparentes" y que "otorgará más capacidad normativa a las comunidades dentro de un marco de responsabilidad fiscal y respeto a su autonomía". Esto implica aumentar el porcentaje de impuestos cedidos a las regiones -que actualmente reciben el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los Impuestos Especiales- aunque evitó adelantar cifras. Al mismo tiempo, Hacienda prevé poner fin al sistema de entregas a cuenta, reemplazándolo por transferencias inmediatas de la parte de los tributos que corresponda a cada comunidad.
Además, señaló que el nuevo modelo reducirá las desigualdades actuales en financiación por habitante ajustado. La diferencia entre la comunidad con menor dotación y la mejor financiada asciende hoy a 1.005 euros por persona, algo que, afirmó, "no se justifica bajo ningún criterio". En paralelo, Montero explicó que el plan contempla la "implantación de un modelo de gestión en red" entre las administraciones tributarias autonómicas y la Agencia Tributaria estatal, con el que las comunidades irán asumiendo más competencias en esta materia, lo que daría cobertura también al denominado cupo catalán.
Finalmente, la ministra se declaró partidaria de establecer medidas que desincentiven el dumping fiscal, es decir, la reducción de impuestos para competir con otras autonomías, lo que podría incluir penalizaciones en la financiación de los territorios que apliquen bajadas de tributos.
Las reacciones desde los gobiernos autonómicos del PP no se hicieron esperar. "Es indignante que hablen de bilateralidad y singularidades", criticó la consejera de Hacienda andaluza, Carolina España. Por su parte, la consejera madrileña, Rocío Albert, tachó la propuesta de "maremágnum" y acusó a Montero de "no tener nada preparado" y de intentar "contentar a todos para postularse como candidata a la Junta de Andalucía y cumplir con Cataluña".