(El País, 06-05-2025) | Fiscal
Tras meses de ataques en medios internacionales, la Agencia Tributaria ha decidido romper su silencio y responder con contundencia a las acusaciones de acoso fiscal vertidas por el bufete internacional Amsterdam & Partners. El despacho, con sede en Londres y Washington, ha lanzado una campaña mediática en la que tilda a los inspectores españoles de "carteristas", alegando una supuesta persecución sistemática a extranjeros con altos ingresos acogidos al régimen fiscal conocido como ley Beckham.
La campaña se ha hecho visible a través de anuncios a doble página en periódicos de prestigio como el Financial Times, The Wall Street Journal y Le Soir, en los que se invitaba a los afectados a sumarse a acciones legales colectivas contra España. Ante esta ofensiva, la Agencia Tributaria ha roto su habitual reserva institucional para rechazar lo que considera una campaña de desprestigio basada en afirmaciones falsas y sin fundamento.
El organismo defiende que su labor se limita a supervisar la correcta aplicación de los regímenes fiscales especiales, como la ley Beckham, tal y como establece la normativa vigente. Esta revisión, explican, solo deriva en una liquidación si se detectan incumplimientos, siguiendo siempre los cauces legales y con posibilidad de revisión administrativa o judicial.
La agencia niega que exista un foco especial sobre este régimen fiscal ni una litigiosidad destacada. Desde 2013, solo un 0,5% de los casi 37.000 contribuyentes acogidos a la ley Beckham ha sido objeto de inspección. De esos casos, el 70% terminó en acuerdos o actas de conformidad, sin conflicto posterior.
Lejos de aceptar las acusaciones del bufete, Hacienda ha aprovechado para destapar fraudes detectados en la aplicación del régimen. Entre las irregularidades más comunes están la creación de sociedades sin actividad real en España o el uso de empresas pantalla para simular relaciones laborales con el fin de beneficiarse del régimen justo en años con ingresos extraordinarios generados en el extranjero. En algunos casos, los inspectores han llegado incluso a denunciar posibles delitos fiscales, dada la gravedad de los hechos y el dolo apreciado.
En respuesta a las insinuaciones del bufete sobre incentivos económicos a los inspectores, la Agencia también ha aclarado que las remuneraciones por productividad no están vinculadas al resultado económico de los expedientes. La controversia está lejos de terminar: el bufete Amsterdam & Partners planea presentar una batería de denuncias colectivas ante la Comisión Europea, mientras la Agencia Tributaria redobla sus esfuerzos por defender su labor fiscalizadora y la imagen institucional de España.