(Expansión, 14-09-2026) | Fiscal
El Gobierno prepara la creación de un nuevo fondo destinado a compensar a las comunidades autónomas que, con el nuevo sistema de financiación, queden por debajo de la media. Además, el Ejecutivo plantea revisar el Fondo de Compensación Interterritorial y los incentivos regionales con el objetivo de mejorar la posición de los territorios que resulten menos favorecidos por el nuevo modelo.
El pasado 4 de septiembre, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó, únicamente con los votos favorables de Cataluña y Canarias, la propuesta de reforma de la financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda tras el acuerdo alcanzado con ERC. El nuevo sistema supondría incrementar en 20.975 millones de euros anuales los recursos disponibles para las comunidades autónomas.
La propuesta, sin embargo, fue rechazada por la mayoría de las administraciones regionales, entre ellas Asturias y Castilla-La Mancha, ambas gobernadas por el PSOE. Las comunidades cuestionan tanto la forma en que se ha negociado la reforma, al considerar que se ha pactado al margen del resto de territorios, como determinados criterios utilizados para distribuir los recursos. En particular, critican que el nuevo modelo reduzca el peso de factores como la dispersión territorial y el envejecimiento de la población, que condicionan el coste de servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación.
Para intentar recabar apoyos parlamentarios a la reforma, el Gobierno estudia incorporar más de 3.600 millones de euros adicionales mediante la creación de un fondo de dinamismo. Este mecanismo, financiado con recursos estatales y separado del nuevo sistema de financiación, tendría una dotación aproximada de 3.300 millones de euros al año y compensaría a las comunidades que quedasen por debajo de la media en recursos por habitante. El objetivo del Ejecutivo es que el nuevo modelo pueda comenzar a aplicarse el 1 de enero de 2027.
Según las estimaciones manejadas, hasta nueve comunidades podrían beneficiarse de este fondo al quedar por debajo de la media de financiación: Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón, Canarias, Baleares y Castilla y León. A ellas podrían sumarse Cantabria y Extremadura, que disponen de mecanismos específicos destinados a garantizar que no pierdan recursos respecto al sistema vigente.
La propuesta tampoco ha convencido por ahora a los gobiernos autonómicos. Algunas comunidades consideran que el fondo presenta problemas tanto por quedar fuera del texto principal de la reforma como por dejar en manos del Gobierno la decisión sobre su distribución. Su principal objeción es que un mecanismo de carácter anual y sujeto a decisiones posteriores no ofrece la misma seguridad que la financiación ordinaria destinada a cubrir servicios públicos esenciales. El Ejecutivo contempla aprobar este fondo de forma paralela a la reforma del modelo, ya sea mediante un nuevo real decreto-ley o incorporándolo como enmienda durante la tramitación parlamentaria.
Junto a esta medida, el Gobierno también pretende modificar el Fondo de Compensación Interterritorial y el sistema de incentivos regionales. La intención es diseñar un mecanismo que tenga en cuenta variables que hasta ahora no han recibido suficiente peso, como la población flotante vinculada al turismo, la despoblación o la superficie forestal de cada comunidad. Esta reforma podría aportar más de 500 millones de euros adicionales y se articularía también al margen del nuevo modelo de financiación autonómica. En conjunto, el fondo de dinamismo y los recursos derivados de la revisión del Fondo de Compensación Interterritorial y de los incentivos regionales supondrían más de 3.800 millones de euros adicionales sobre los 20.975 millones previstos inicialmente en la reforma.
A estas cantidades se añaden otros 4.000 millones de euros que el Ministerio de Hacienda ha permitido liberar a ocho comunidades autónomas procedentes de su superávit para destinarlos a inversiones financieramente sostenibles. Con esta medida, el Gobierno busca también facilitar el respaldo de los territorios a su propuesta. En total, las distintas actuaciones elevarían hasta unos 8.000 millones de euros los recursos adicionales que Hacienda pondría a disposición de las comunidades fuera del nuevo modelo de financiación.