(Expansión, 03-09-2025) | Fiscal
El plan de condonación de deuda autonómica contempla una partida específica destinada a las comunidades que decidieron aumentar su tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta. La iniciativa, presentada ayer por el Gobierno, se fundamenta en la idea de que "las comunidades autónomas sufrieron una financiación deficiente durante la crisis gestionada por el PP" en plena Gran Recesión. Aunque este es el episodio que se busca compensar, el diseño del plan también incorpora una bolsa cercana a los 1.000 millones de euros destinada a aquellas regiones que elevaron su fiscalidad.
El cálculo que da lugar a los 83.252 millones de euros de condonación potencial -explicado previamente a las autonomías en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera- se basa en que estas no recibieron el respaldo necesario en la crisis financiera y de deuda soberana de comienzos de siglo, lo que las obligó a endeudarse en los mercados en condiciones muy desfavorables. Así, de los 109.582 millones de deuda emitida entre 2009 y 2013, se descuenta la asumida durante la crisis del Covid (2019-2023), que asciende a 29.272 millones. El resultado, 80.310 millones, es considerado como sobreendeudamiento inducido, del cual el Gobierno plantea asumir el 75%.
Además, se garantiza que la quita represente al menos el 19% de la deuda de cada autonomía, porcentaje que corresponde a la media resultante del cálculo inicial. También se contemplan recursos adicionales para las comunidades consideradas infrafinanciadas en el actual sistema, en vigor desde 2013 pero caducado. Por último, se prevé un incentivo extra para las regiones que incrementaron el IRPF entre 2010 y 2022: un 10% más de condonación si lo hicieron por encima de la media y un 5% si fue por debajo. En este grupo figuran principalmente Cataluña, pero también Andalucía, a pesar de las bajadas de impuestos recientes aplicadas por el PP. Entre todas, recibirán 917 millones adicionales en concepto de quita.
Con esta medida, Hacienda considera atendida la exigencia de Sumar en materia de responsabilidad fiscal, aunque se muestra dispuesta a negociar ajustes durante la tramitación parlamentaria.