(El Economista, 25-02-2026) | Fiscal
El Ministerio de Hacienda intensifica su ofensiva contra las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) que, según la Administración, están siendo utilizadas para maximizar artificialmente créditos fiscales y deducciones en favor de los inversores que aportan financiación. El director del Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, Manuel Trillo, anunció que la lucha contra estos posibles abusos será una de las prioridades del Plan General de Control Tributario de 2026, cuya publicación es inminente.
Trillo explicó que, en algunos casos, los beneficios fiscales obtenidos por los socios de estas entidades han llegado a multiplicar por diez la inversión inicial, aunque lo más habitual es que se sitúen en torno al 150%. Estas ventajas han impulsado la aparición de un negocio específico dedicado a constituir AIE y a conectar promotores de proyectos con inversores interesados. De hecho, en los últimos cuatro años la creación de estas agrupaciones se ha quintuplicado.
Las AIE, vigentes desde hace más de tres décadas, se emplean principalmente para financiar proyectos audiovisuales -como películas o series- y también iniciativas de investigación, desarrollo e innovación. El esquema habitual consiste en que el promotor busca capital privado a través de una AIE; al no tributar como una sociedad convencional, la carga fiscal recae en el inversor. Así, si este aporta, por ejemplo, cinco millones de euros y el proyecto genera pérdidas, puede aplicar en su declaración tanto el crédito fiscal como las deducciones asociadas a actividades de I+D+i.
Durante una jornada sobre novedades fiscales organizada por PwC y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Trillo advirtió de que el principal problema es la posible manipulación del coste declarado de los proyectos, ya que quien los ejecuta puede fijar precios inflados y, con ello, aumentar las ventajas fiscales para los financiadores.
El responsable de Inspección subrayó que la Administración no cuestiona el uso de las AIE como instrumento legítimo para impulsar inversiones culturales o tecnológicas, pero sí combatirá los casos en los que se detecte un uso abusivo. En este sentido, el objetivo será comprobar si los costes declarados se corresponden con la realidad.
Según afirmó, la preocupación de la Agencia Tributaria se centra en prevenir prácticas irregulares antes de que se generalicen y obliguen a adoptar reformas legales más severas que podrían afectar también a quienes actúan correctamente.
Además, la inspección fiscal adelantó que en 2026 se reforzará el control sobre empresas que utilizan las exenciones internacionales destinadas a evitar la doble imposición -por ejemplo, sobre dividendos, intereses o cánones- para eludir el pago de impuestos. En particular, se vigilarán las operaciones dentro de la Unión Europea que canalizan estos ingresos hacia terceros países con una tributación más baja.