(El Economista, 16-03-2026) | Fiscal
El Ministerio de Hacienda ha reactivado el proceso para implantar la facturación electrónica obligatoria entre empresarios y autónomos. Según ha anunciado la Administración, durante 2026 se elaborará una orden ministerial que permitirá desarrollar la llamada Solución Pública de Factura Electrónica, una plataforma gratuita y de uso voluntario que facilitará la emisión y recepción de facturas digitales y que actuará también como un repositorio centralizado donde se almacenarán todas las facturas intercambiadas entre profesionales.
La aprobación de esta orden será el paso previo para activar la nueva obligación. De acuerdo con la normativa, el real decreto que regula el marco jurídico de la facturación electrónica entrará en vigor un año después de que se apruebe dicha orden ministerial. A partir de ese momento, las empresas y autónomos con una facturación superior a 8 millones de euros anuales deberán empezar a emitir sus facturas en formato electrónico.
Por su parte, los negocios con ingresos inferiores a esa cifra contarán con un plazo más amplio: tendrán que adaptarse a las nuevas normas dos años después de la aprobación de la orden. En la práctica, si Hacienda aprueba la orden durante 2026, las empresas de mayor tamaño deberán cumplir la obligación en 2027, mientras que las más pequeñas dispondrán de margen hasta 2028.
Este sistema de facturación electrónica es diferente del programa Verifactu, cuya entrada en vigor está prevista para 2027. Mientras la facturación electrónica exige emitir documentos en un formato digital estructurado que pueda ser procesado por sistemas informáticos, Verifactu obliga a utilizar un software específico capaz de enviar determinados datos de las facturas a Hacienda prácticamente en tiempo real, aunque estas se generen con herramientas como Word o Excel siempre que los datos puedan procesarse.
La obligación de emitir facturas electrónicas afectará a empresarios y profesionales que facturen a otras empresas o autónomos. Sin embargo, no será necesario utilizar este formato en operaciones con consumidores finales, como ocurre con los tiques que se entregan habitualmente en comercios, bares o peluquerías.
Para facilitar la adaptación al nuevo sistema, Hacienda pondrá a disposición de los contribuyentes una plataforma pública gratuita que podrán utilizar empresas de cualquier tamaño. No obstante, su uso no será obligatorio, ya que quienes lo prefieran podrán recurrir a soluciones tecnológicas privadas para gestionar sus facturas.
En caso de utilizar plataformas privadas, las empresas estarán obligadas a remitir una copia exacta de cada factura emitida al sistema público, así como a informar sobre si la factura ha sido aceptada o rechazada y en qué momento se ha realizado el pago. Las compañías con ingresos superiores a 8 millones de euros deberán empezar a enviar esta información un año después de la aprobación de la orden ministerial, mientras que aquellas con una facturación menor lo harán tres años después de su entrada en vigor.
El propósito de implantar la facturación electrónica es impulsar la digitalización del tejido empresarial, mejorar la información sobre los plazos de pago entre empresas -con el fin de reducir la morosidad- y reforzar el control fiscal, especialmente en lo relativo al fraude del IVA. Esta obligación se deriva de la Ley Crea y Crece de 2022 y está estrechamente vinculada con el sistema Verifactu, desarrollado a partir de la ley antifraude de 2021, que permitirá a la Administración supervisar de forma más completa el proceso de facturación y liquidación del IVA.
Además, el repositorio de facturas no solo estará disponible para la Agencia Tributaria estatal, sino que también podrá ser consultado por las administraciones tributarias autonómicas. En su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2026, la Agencia Tributaria ya ha avanzado que durante este ejercicio pondrá en marcha una estrategia de información y asistencia para ayudar a los contribuyentes a adaptarse al uso de la futura Solución Pública de Facturación Electrónica.