(El Economista, 08-04-2026) | Fiscal
Alrededor de 230.000 autónomos podrán seguir tributando por el sistema de módulos en el IRPF durante 2026 gracias a la extensión de los límites vigentes, lo que supone un alivio para este colectivo. Así lo recoge una nota de la Agencia Tributaria, que mantiene los umbrales aplicados entre 2016 y 2024 -y también en 2025 mediante una solución similar- para este ejercicio.
Sin embargo, esta decisión se ha adoptado al margen del Congreso. La prórroga formaba parte de varios decretos ómnibus que fueron rechazados en enero y febrero. En ellos se incluían, entre otras medidas, la actualización de pensiones, la extensión de la moratoria de desahucios y cambios fiscales como el mantenimiento de los límites de facturación para tributar por módulos: 250.000 euros anuales en general y 125.000 euros en operaciones con empresas.
El Real Decreto-ley 16/2025 no fue aprobado por el Congreso, por lo que su contenido no llegó a entrar en vigor. Aun así, Hacienda ha aplicado la medida mediante una nota administrativa, lo que ha suscitado críticas entre expertos fiscales, que consideran que se trata de una actuación irregular desde el punto de vista jurídico y democrático, al aplicarse como si el decreto hubiera sido validado.
Según estos especialistas, las notas de la Agencia Tributaria no tienen capacidad normativa para modificar impuestos, ya que estos cambios deben aprobarse mediante ley en el Parlamento. Aunque la Agencia se apoya en criterios de la Dirección General de Tributos, este organismo, que en una situación similar el año pasado avaló la prórroga, en esta ocasión no se ha pronunciado.
El trasfondo del problema es el impacto que habría tenido no prorrogar estos límites. De no hacerlo, muchos autónomos habrían tenido que pasar al sistema de estimación directa, lo que habría incrementado notablemente su carga fiscal, además de obligarles a adaptarse sin margen de tiempo en plena campaña de renta.
Diversos colectivos han trasladado su preocupación al Ministerio de Hacienda. Entre ellos, asociaciones del transporte de mercancías, especialmente afectadas por el aumento de los costes del combustible, han mantenido reuniones con la Administración para exponer su situación. Estas presiones han influido en la decisión de aplicar la prórroga pese al rechazo parlamentario.
Los expertos critican que estas medidas no se hayan tramitado de forma independiente, lo que habría facilitado su aprobación. Consideran que podrían haberse incluido en otras iniciativas recientes, como los decretos para paliar los efectos de conflictos internacionales, pero no se hizo sin una explicación clara.
Además, advierten de varios problemas en la actuación de Hacienda: se estaría modificando un impuesto sin respaldo legal, apoyándose en un decreto no convalidado -que además tiene límites constitucionales- y sentando un precedente que ignora el papel del Congreso. Este último punto genera especial inquietud, ya que abre la puerta a que decisiones relevantes se adopten mediante simples comunicaciones administrativas en lugar de leyes aprobadas por el Parlamento.
En paralelo, existe incertidumbre sobre otros decretos recientes, como el que plantea limitar los precios del alquiler, que aún debe ser convalidado por el Congreso en un plazo de 30 días. Desde el propio Gobierno se está animando a aplicar estas medidas de forma provisional, lo que, a la luz de lo ocurrido con los módulos, podría derivar en soluciones similares aunque no exista respaldo parlamentario.