(El Economista, 27-11-2025) | Fiscal
El Pleno del Congreso somete este jueves a votación el acuerdo sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, además de debatir el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto. En lo referente a los objetivos fiscales, el resultado será desfavorable y las metas de déficit y deuda para el periodo 2026-2028 no prosperarán.
El Gobierno da por hecho este desenlace porque la aritmética parlamentaria es clara. Frente a 171 votos en contra, solo se contabilizan con seguridad 165 apoyos. A ello se suman cinco abstenciones (el grupo de Podemos y una diputada de Compromís que lo ha anunciado públicamente), la previsible ausencia del exdiputado socialista José Luis Ábalos -ahora en el Grupo Mixto-, la duda sobre el voto de la diputada de Coalición Canaria y el rechazo firme de los siete representantes de Junts, cuya posición es determinante para tumbar la propuesta. En este contexto, la senda fiscal no saldrá adelante.
Tras el rechazo, el Ministerio de Hacienda estará obligado a volver a presentar el acuerdo ante la Cámara Baja. Podrá optar por modificar los objetivos de déficit -el motivo principal del "no" de Junts- o por remitir exactamente los mismos que se debaten este jueves. Según las declaraciones recientes de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, todo apunta a que el Gobierno remitirá el mismo documento, previsiblemente a finales de diciembre, tal y como permite la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Dichos objetivos son: un déficit del -2,1% para el conjunto de las Administraciones Públicas; del -1,8% para la Administración General del Estado; del -0,1% para las comunidades autónomas; del 0% para los ayuntamientos; y del -0,2% para la Seguridad Social.
El inconveniente es que la Ley de Estabilidad no contempla que, tras un primer rechazo, la senda fiscal presentada de nuevo sea idéntica a la anterior. Aun así, el Gobierno seguirá este camino. Montero ya adelantó que, si la propuesta fracasa en un primer intento, "volveremos a intentarlo", defendiendo que los objetivos son adecuados y que permiten a las comunidades autónomas aumentar su capacidad de gasto en más de 5.000 millones. Precisamente este punto es el que disgusta a Junts -igual que el año pasado-, que considera insuficiente el margen autonómico. Además, la formación de Carles Puigdemont rompió hace un mes con el Ejecutivo de Pedro Sánchez por "incumplimientos" y anunció que no respaldaría ninguna iniciativa legislativa del Gobierno.
La "alegalidad" de repetir la misma senda fiscal fue solventada en 2024 con un informe de la Abogacía del Estado, que concluyó que la propuesta es "jurídicamente viable" si se ajusta a lo remitido por el Gobierno a la Comisión Europea.
Con este panorama, el Ejecutivo se encuentra en una situación prácticamente idéntica a la del año anterior. El retraso en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026 era algo que Hacienda ya contemplaba, y el resultado será que el 1 de enero volverán a prorrogarse -por tercer año consecutivo- los Presupuestos de 2023. No hay margen para que las cuentas de 2026 entren en vigor a tiempo, y es probable que, cuando se presenten en primavera, corran la misma suerte que la senda fiscal. El elemento decisivo será entonces la extensión del artículo incorporado a los Presupuestos de 2023 que permite al Ministerio de Hacienda mover partidas entre distintos departamentos.