(El País, 07-07-2026) | Fiscal
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha iniciado este lunes su reunión con una propuesta del Ministerio de Hacienda que contempla un objetivo de déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas en el próximo ejercicio, acompañado de un volumen récord de recursos procedentes del sistema de financiación autonómica. Al mismo tiempo, el Gobierno plantea que el crecimiento del gasto computable de las autonomías no supere el 4%, en línea con la regla de gasto fijada para 2027.
Según fuentes del Ministerio de Hacienda, ese margen de déficit representa una capacidad adicional de gasto equivalente a 5.849 millones de euros. El departamento que dirige Arcadi España sostiene que, si los objetivos de estabilidad no obtienen el respaldo parlamentario necesario, las comunidades perderían ese margen y tendrían que realizar un ajuste por ese importe.
El Ejecutivo también ha trasladado a las autonomías que las entregas a cuenta del sistema de financiación aumentarán alrededor de un 8%, lo que permitirá movilizar cerca de 170.000 millones de euros, la mayor cantidad distribuida hasta la fecha. A ello se sumará la liquidación correspondiente al ejercicio 2025, de forma que la financiación total disponible para las comunidades crecerá también por encima del 8%, impulsada por la evolución favorable de la economía y el incremento de la recaudación tributaria.
Esta mejora de los ingresos llega después de que el Gobierno revisara al alza sus previsiones macroeconómicas, elevando la estimación de crecimiento del PIB para el próximo año del 2,2% al 2,6%. Hacienda considera que este mayor volumen de recursos facilitará a las comunidades autónomas la reducción de sus desequilibrios presupuestarios.
Sin embargo, varias comunidades autónomas consideran insuficiente la propuesta presentada por el Ejecutivo. Los consejeros de Hacienda han advertido de que algunas decisiones adoptadas por el Gobierno central, como la subida salarial de los empleados públicos aprobada el pasado año, incrementan el gasto de las administraciones regionales sin ir acompañadas de financiación adicional suficiente. A su juicio, la combinación de mayores obligaciones de gasto y el límite del 4% impuesto a su crecimiento reduce el margen de actuación financiera de las autonomías.
Durante la reunión, el ministro Arcadi España ha reiterado que, si el Congreso rechazara los objetivos de estabilidad presupuestaria, las comunidades perderían la posibilidad de incurrir en un déficit del 0,1% y deberían elaborar sus presupuestos en equilibrio. No obstante, esta interpretación sigue siendo objeto de debate jurídico. La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece como regla general el equilibrio de las cuentas públicas, aunque prevé que el Gobierno pueda proponer objetivos de déficit que deben ser aprobados por el Parlamento.
La interpretación defendida por la Abogacía del Estado sostiene que el rechazo parlamentario implicaría la aplicación automática del equilibrio presupuestario, aunque diversos expertos cuestionan que la normativa regule de forma expresa esa situación, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre las consecuencias jurídicas de un eventual rechazo.
Más allá de los objetivos de déficit, buena parte de las comunidades ha insistido en que la principal prioridad sigue siendo la reforma del sistema de financiación autonómica. Aunque este asunto no figura en el orden del día del Consejo, el Ministerio de Hacienda ha anunciado su intención de convocar próximamente una reunión específica del CPFF para abordar esta cuestión, tras los contactos mantenidos en los últimos días con distintas comunidades autónomas y el acuerdo alcanzado recientemente con la Generalitat de Cataluña para avanzar en un nuevo modelo de financiación.