(El Economista, 19-06-2026) | Fiscal
El Gobierno ha introducido en la futura Ley de Inteligencia Artificial una modificación de última hora de la Ley General Tributaria que limitará el acceso de los ciudadanos a información sobre las herramientas tecnológicas que utiliza Hacienda para seleccionar contribuyentes y desarrollar inspecciones.
La reforma, actualmente en tramitación en el Congreso, modifica el artículo 116 de la Ley General Tributaria. El aspecto más controvertido se encuentra en su apartado tercero, donde se establece que la información relativa a sistemas informáticos, algoritmos o herramientas de inteligencia artificial empleados por la Administración tributaria tendrá carácter reservado y no podrá ser objeto de publicidad, comunicación ni acceso público. Tampoco podrá ponerse a disposición de los obligados tributarios ni de órganos externos a la aplicación de los tributos.
El argumento del Ejecutivo para justificar esta restricción es que divulgar el funcionamiento de estas herramientas podría comprometer la eficacia de las actuaciones inspectoras o facilitar prácticas de evasión fiscal. Sin embargo, esta medida ha generado importantes críticas entre especialistas en derecho tributario. Esaú Alarcón, abogado en Gibernau y profesor de Derecho Tributario en la Universidad Complutense de Madrid, considera que la cláusula choca con el principio de transparencia y puede afectar al derecho de tutela judicial efectiva. Según advierte, impedir al ciudadano conocer qué algoritmos o criterios automatizados han influido en su selección como posible defraudador limita su capacidad de defensa.
El jurista también cuestiona la forma en que se ha incorporado esta modificación. Aunque el cambio figura dentro del Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, sostiene que esta disposición concreta no tiene naturaleza orgánica y, por tanto, debería haberse regulado de otra manera. Además, subraya que la enmienda fue incorporada en una fase muy avanzada del proceso legislativo, lo que ha evitado que pase por informes consultivos de organismos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o la Junta Electoral Central, que sí han analizado el resto del texto legal.
Otra de las críticas se centra en la ambigüedad del redactado. La norma impide el acceso a "órganos ajenos a la aplicación de los tributos", pero no aclara si esta limitación afecta únicamente a otras administraciones o si también podría extenderse a jueces y tribunales. El debate sobre la transparencia algorítmica ya había llegado al ámbito judicial. El Tribunal Supremo dictó el 11 de septiembre una sentencia que obligó al Gobierno a revelar los algoritmos del programa BOSCO, utilizado por la Administración para seleccionar beneficiarios del bono social.
En esa resolución, el alto tribunal subrayó que el acceso a la información pública tiene rango constitucional y resulta especialmente relevante cuando la Administración utiliza sistemas automatizados para adoptar decisiones. Según el Supremo, el uso de estas tecnologías exige un mayor nivel de transparencia sobre los procesos informáticos empleados, de forma que los ciudadanos puedan comprender cómo funcionan y qué impacto tienen en las decisiones administrativas.
A la luz de esa doctrina, Alarcón considera probable que en el futuro la Administración tributaria tenga que informar al contribuyente, al menos en determinados procedimientos, sobre el código o los criterios automatizados que hayan motivado una revisión fiscal. Esto permitiría evaluar si la actuación ha sido proporcionada y si el sistema ha podido incurrir en sesgos o errores de valoración.
Hasta ahora, Hacienda ha mantenido una postura muy reservada respecto al uso de inteligencia artificial en sus procedimientos. La Administración tributaria ha evitado detallar qué herramientas utiliza y ha insistido en que estos sistemas no adoptan decisiones finales sobre contribuyentes de forma autónoma. Sí ha reconocido, en cambio, el uso de inteligencia artificial como herramienta de asistencia en la campaña de la renta, orientada a facilitar la cumplimentación de declaraciones.
La anterior directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, negó el pasado marzo que Hacienda estuviera utilizando inteligencia artificial para seleccionar contribuyentes o gestionar expedientes. No obstante, también señaló que, como ocurre en otras instituciones públicas, la Administración tributaria acabará teniendo que valorar su implantación en el futuro.