(El Economista, 25-04-2024) | Fiscal
La Agencia Tributaria implementará una medida que obligará a los grupos empresariales nacionales a tributar en España por las rentas generadas por sus empresas fantasma, es decir, aquellas que carecen de actividad económica y están situadas en el extranjero. Esta acción surge en el contexto de la transposición este año de la Directiva Unshell, también conocida como ATAD 3, aprobada en diciembre de 2022 con el propósito de eliminar ventajas fiscales para grupos que utilizan entidades pantalla en territorios de baja tributación para recibir rentas como dividendos o intereses.
Eduardo Cosmen, socio director del área fiscal de Grant Thornton, explica que esta directiva establece criterios para determinar si estas entidades pantalla tienen suficiente actividad económica y sustancia en la jurisdicción donde se encuentran para considerarlas legítimas.
Si una empresa cumple con los requisitos de ingreso, sustancia y actividad, no habrá problema. Sin embargo, si no cumple con estos requisitos, la entidad pantalla será ignorada a efectos fiscales, lo que significa que las rentas se atribuirán a la sociedad española que las recibe, obligando a tributar por ellas en nuestro país.
Eduardo Tapia, socio de fiscal de Grant Thornton, añade que el objetivo de esta directiva es evitar beneficios fiscales a las entidades pantalla y transparentar las rentas hacia las entidades que utilicen sociedades sin propósitos mercantiles. Tapia destaca que la norma, además de ofrecer seguridad jurídica, implicará una armonización a nivel europeo, estableciendo reglas uniformes para todos los países miembros, lo cual puede generar cierta resistencia en algunos países.
Cosmen señala que la directiva ha generado controversia debido a los diferentes intereses entre las jurisdicciones: algunas tradicionalmente han sido receptoras de sociedades pantalla, como Países Bajos, Luxemburgo o Rumanía, mientras que otras, como España, no. Esto ha generado resistencia dentro de la UE.
La Directiva ATAD 3 forma parte de los esfuerzos de la OCDE y la UE para combatir el fraude fiscal y la erosión de las bases imponibles de las empresas. En esta línea, se ha propuesto un impuesto complementario para que todos los grupos, independientemente del país donde operen, paguen un tipo mínimo del 15% por Sociedades. En diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de este impuesto complementario, actualmente en tramitación en las Cortes para su aprobación este año.
Además, se está desarrollando una segunda directiva de la UE conocida como Befit, que busca armonizar la determinación de la base imponible de los grandes grupos en los 27 países miembros. El objetivo es reducir la carga administrativa al utilizar un único sistema de cálculo de la base imponible en lugar de atender a las normas domésticas de cada Estado miembro, facilitando también la compensación de pérdidas a nivel europeo, no solo en el país donde se consolidan.