(El País,12-11-2026) | Fiscal
Hacienda exigirá tributar en el IRPF por las indemnizaciones recibidas en procesos de bajas incentivadas y prejubilaciones voluntarias cuando no exista un expediente de regulación de empleo (ERE) en curso en el momento en que se formalice el acuerdo entre la empresa y el trabajador. Así lo establece una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que unifica el criterio de la Administración tributaria y dificulta que miles de contribuyentes puedan recuperar los impuestos pagados por estas compensaciones.
El pronunciamiento tiene especial repercusión en sectores que están llevando a cabo procesos de reorganización de sus plantillas, como el bancario. En los últimos años, las entidades financieras han recurrido cada vez más a los programas colectivos de bajas voluntarias y prejubilaciones para reducir personal sin necesidad de iniciar un despido colectivo formal.
El origen del litigio se encuentra en la reclamación de un empleado de banca que se acogió voluntariamente a uno de estos programas en 2021. Posteriormente, solicitó a la Agencia Tributaria la rectificación de sus declaraciones del IRPF para recuperar las cantidades abonadas por la indemnización, al considerar que debía aplicarse la exención prevista para las compensaciones por despido. Hacienda rechazó la petición al entender que la extinción de la relación laboral se había producido por acuerdo entre las partes.
El trabajador recurrió ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana, que en 2025 le dio la razón. El tribunal consideró que la adhesión a un plan colectivo de adecuación de plantilla tenía carácter involuntario y podía acogerse a la exención, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a casos como los de Banca Cívica y Banco Mare Nostrum. Ante esta interpretación, la Agencia Tributaria elevó el asunto al TEAC para que fijara un criterio común.
El tribunal central aclara que la doctrina del Supremo sobre aquellos precedentes no puede aplicarse automáticamente a cualquier programa de prejubilaciones. En esos casos, el carácter forzoso de las salidas estaba vinculado a la existencia de un despido colectivo, dentro del cual los trabajadores podían optar por alguna de las medidas negociadas para evitar la extinción directa de sus contratos. En cambio, cuando la adhesión voluntaria se produce antes de un ERE o al margen de este procedimiento, el cese se considera fruto de un acuerdo entre empresa y empleado.
El TEAC añade que la existencia de un despido colectivo no depende de cómo perciba el trabajador su salida de la empresa, sino de que se haya iniciado formalmente el procedimiento legal correspondiente, con la constitución de una comisión negociadora y la comunicación a la autoridad laboral.
Las consecuencias alcanzan tanto a quienes ya han abandonado sus puestos mediante estos programas como a quienes tienen previsto hacerlo sin que exista un ERE abierto. Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown, señala que, si no hay un despido colectivo en marcha, la adhesión a un plan de prejubilación se considera una decisión voluntaria y la indemnización debe tributar en el IRPF.
La resolución afecta especialmente a los contribuyentes que mantienen reclamaciones para recuperar el impuesto pagado por estas compensaciones. Al tratarse de un criterio vinculante para la Administración tributaria, sus posibilidades de obtener una resolución favorable en vía administrativa se reducen considerablemente. No obstante, el pronunciamiento no vincula a los órganos judiciales, por lo que los afectados todavía pueden acudir a los tribunales para defender que la extinción de su contrato fue involuntaria. Según Fernández, las opciones de éxito judicial también disminuyen cuando no existía un ERE en el momento de formalizar la baja.
El impacto fiscal puede alcanzar importes elevados y depende de las circunstancias personales y económicas de cada contribuyente. Los cálculos de TaxDown muestran que la diferencia entre acogerse a un ERE o a un programa voluntario de prejubilación puede representar decenas de miles de euros. Así, para un trabajador con un salario anual de 40.000 euros y una indemnización de 80.000, la exención de esta última permitiría tributar únicamente por el sueldo, con una cuota estimada de 7.200 euros en Madrid y 7.900 en Barcelona. Si la salida se produce mediante un plan voluntario sin ERE, la indemnización tendría que integrarse en la declaración y la factura fiscal ascendería a unos 29.600 euros en Madrid y 31.100 en Barcelona.
La diferencia aumenta en los tramos salariales superiores. Para un empleado con una retribución anual de 70.000 euros y una indemnización de 140.000, la brecha fiscal entre ambas modalidades alcanza los 42.000 euros en Madrid y los 45.000 en Barcelona. En el caso de un directivo con un salario de 100.000 euros y una compensación de 300.000, el ahorro podría situarse en torno a los 54.000 y 61.000 euros, respectivamente. En este último supuesto, sin embargo, la exención no se aplicaría a toda la indemnización. La normativa establece un límite máximo de 180.000 euros, por lo que el importe que supere esa cantidad deberá tributar en el IRPF.