(El Economista, 08-04-2024) | Fiscal
Hacienda aumentará este año la supervisión sobre autónomos y pymes para combatir la economía sumergida y, por consiguiente, el fraude fiscal, según lo establecido en el Plan Anual de Control Tributario para este año y en su Plan Estratégico para 2024-2027. Según un estudio elaborado para el Parlamento Europeo, el tamaño de la economía sumergida en España en 2022 fue del 15,8% del PIB, aunque una vez ajustada por actividades que no pueden ser fiscalmente detectadas, se reduciría al 10,5%.
Uno de los enfoques clave de la Administración Tributaria será vigilar a aquellos profesionales que impiden a los clientes pagar con tarjeta de crédito o débito. La Agencia Tributaria ha anunciado una serie de medidas para intensificar la inspección sobre estos profesionales que realizan ventas directas al consumidor final y manejan altos volúmenes de efectivo, ante el riesgo de que no declaren todos sus ingresos. La Administración enfatiza que "fortalecerá las actuaciones, centrándose en aquellos contribuyentes que no aceptan pagos mediante medios bancarios".
Además, también se realizará un seguimiento de empresarios y profesionales sospechosos de manipular sus ventas reales. La Administración llevará a cabo controles sobre aquellos contribuyentes que declaren una evolución irregular o anómala en el valor de sus existencias, lo cual podría indicar ventas no declaradas.
Con este propósito, Hacienda intensificará este año las inspecciones in situ, visitando físicamente las instalaciones de los obligados tributarios (si son empresas) para verificar las ventas. La Administración destaca que estas inspecciones tienen efectos positivos no solo en términos de ingresos liquidados y deudas descubiertas, sino también en el comportamiento futuro de los empresarios. "Durante 2024, es crucial seguir solicitando autorizaciones a las autoridades competentes y, en algunos casos, incluso a las autoridades judiciales", señala la Agencia Tributaria.
En su lucha contra el fraude fiscal, la Administración también mantendrá su presencia en sectores y negocios con alto riesgo de economía sumergida, especialmente aquellos que utilizan mucho efectivo, incluso si las transacciones se sitúan por debajo de los límites legales actuales que prohíben el pago en efectivo. Actualmente, el límite máximo para pagos en efectivo en transacciones donde al menos una de las partes es un empresario o profesional es de 1.000 euros.
"El control de las transacciones en efectivo es prioritario, ya que suelen estar estrechamente vinculadas a la economía sumergida. Por lo tanto, independientemente de los límites cuantitativos vigentes según la normativa aplicable, las operaciones en efectivo continuarán siendo objeto de atención por parte de la Administración tributaria", subraya.
Además, la Administración estará alerta contra aquellos contribuyentes cuyos indicadores de riqueza, patrimonio, rentabilidad o información financiera sean incoherentes con los ingresos declarados, es decir, que vivan por encima de sus medios declarados.
Por último, Hacienda también intensificará sus acciones contra nuevas formas de fraude facilitadas por internet. "Se ha identificado la aparición de empresas fraudulentas que aprovechan las oportunidades del comercio electrónico para obtener ventajas comerciales desleales eludiendo sus obligaciones en el IVA", indica la Agencia Tributaria.