(El País, 04-09-2025) | Fiscal
El Gobierno ha iniciado este miércoles el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2026 con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial que establece las directrices para los ministerios y define las prioridades del Ejecutivo. Desde ahora, cada departamento deberá enviar a Hacienda sus propuestas de ingresos y gastos, que servirán de base para el proyecto de cuentas del próximo ejercicio. El plazo es breve: hasta el 12 de septiembre los ministerios y organismos implicados podrán presentar sus peticiones.
Tras dos ejercicios sin presentar proyecto propio -las cuentas actuales son las de 2023, prorrogadas-, el Gobierno quiere centrar los recursos en ámbitos como la defensa y el apoyo a sectores golpeados por la incertidumbre derivada de la guerra comercial global impulsada por Estados Unidos. Estos apartados no aparecían en la orden del año pasado, que finalmente quedó sin efecto. La vivienda también adquiere mayor protagonismo en el documento publicado ahora en el BOE, con más referencias que en 2024.
En el área militar, Hacienda insiste en la necesidad de "modernizar las capacidades en defensa" y reforzar la industria y el empleo vinculados a la seguridad, con la meta de llevar el gasto hasta el 2% del PIB. En materia de comercio, se prevé un paquete de medidas para respaldar a las empresas exportadoras afectadas por los nuevos aranceles internacionales, especialmente en sectores más vulnerables. Respecto a la vivienda, los objetivos pasan por aumentar la oferta de alquiler asequible, ampliar el parque público y prevenir tensiones en el mercado.
A estas prioridades se suman otras líneas de acción: culminar la ejecución de los fondos europeos, reforzar los servicios públicos esenciales para consolidar el Estado del bienestar, impulsar la innovación, la digitalización y la reindustrialización, promover la I+D+i, avanzar en sostenibilidad y transición ecológica, y garantizar la cohesión territorial, la igualdad de género y la protección a la infancia y la juventud.
La orden ministerial supone el arranque oficial del ciclo presupuestario, aunque quedan pasos clave por completar. El calendario legal es exigente y el Ejecutivo ya acumula retrasos. A estas alturas deberían estar aprobados los objetivos de estabilidad y deuda pública, requisito indispensable para fijar el límite de gasto no financiero -conocido como techo de gasto-, además de contar con el cuadro macroeconómico que sustenta técnicamente las cuentas. Ninguno de estos hitos se ha cumplido todavía. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró el martes que la senda de estabilidad se remitirá al Congreso en breve.
La Constitución exige que el proyecto de Presupuestos llegue al Congreso al menos tres meses antes de acabar el año, es decir, antes del 1 de octubre, para dar tiempo a su tramitación y entrada en vigor el 1 de enero. En la práctica, los gobiernos rara vez cumplen con esta fecha y suelen ajustar el calendario según la coyuntura política, como ocurre ahora. Sin embargo, el retraso actual reduce las posibilidades de que las nuevas cuentas estén listas a tiempo. Si no se consigue, España afrontaría la tercera prórroga de los Presupuestos de 2023, ya que el Ejecutivo renunció a presentar proyecto tanto en 2024 como en 2025.
A la dificultad técnica se suma la política: el Gobierno debe conseguir una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar las cuentas, lo que no está garantizado. Las tensiones entre los socios de coalición y la necesidad de recabar apoyos externos hacen incierta la negociación presupuestaria.
El propio presidente, Pedro Sánchez, adelantó en una entrevista esta semana que el Ejecutivo centrará sus esfuerzos en las cuentas de 2026 y descartó convocar elecciones si el proyecto no prospera en el Congreso. Montero, por su parte, subrayó tras el Consejo de Ministros que el Gobierno presentará el proyecto "con o sin apoyos", aunque recordó que la acción del Ejecutivo no se limita a la aprobación de unos Presupuestos y que, en caso de rechazo, se podría seguir prorrogando el marco actual.