(El País, 27-09-2024) | Fiscal
La capacidad normativa de las comunidades autónomas sobre impuestos como el IRPF genera diferencias significativas en la tributación según el territorio, lo que provoca que una renta de 600.000 euros anuales pague hasta 45.000 euros más o menos dependiendo de la región. Esta disparidad es lo que el Ministerio de Hacienda quiere corregir aprovechando la futura reforma del sistema de financiación autonómica, que se ha impulsado tras el acuerdo entre el PSC y ERC para dotar a Cataluña de un modelo particular. Durante el debate en el Congreso, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, defendió la necesidad de limitar el margen normativo de las regiones para garantizar que "se exija el mismo esfuerzo fiscal a la misma capacidad económica". Aunque sus palabras sugieren restringir la competencia fiscal entre comunidades para ajustar o reducir impuestos, fuentes de Hacienda aclararon que no se busca eliminar esas facultades, sino reducir las grandes disparidades en la carga fiscal sobre las rentas y patrimonios más altos.
El pacto fiscal con Cataluña introduce la idea de que la Generalitat contribuya a la solidaridad entre territorios, pero con una importante condición: que las demás regiones mantengan un esfuerzo fiscal similar. Todavía no está claro cómo se implementará esta idea o qué sucederá si una comunidad decide reducir ciertos impuestos. En este sentido, parece que el Gobierno busca limitar las reducciones fiscales en los tramos más altos de los impuestos sobre la riqueza y la renta.
Sin embargo, esta limitación a la competencia fiscal entre comunidades podría entrar en conflicto con otra propuesta del pacto catalán que Montero también defendió: aumentar la capacidad normativa de las autonomías, acercándose a un modelo federal en el que las regiones tengan más margen para gestionar sus impuestos. Según Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Pública de la Universidad de Santiago de Compostela, "es contradictorio promover una mayor capacidad normativa mientras se plantea la armonización fiscal". La autonomía fiscal, señala el experto, significa que cada región pueda decidir sobre sus propios impuestos, aunque reconoce que las decisiones de una comunidad pueden afectar al resto. Por eso, los impuestos sobre la riqueza no son adecuados para ser descentralizados.
En el Congreso, Montero defendió el pacto ante las críticas de la oposición, aunque no ofreció detalles adicionales. Preguntó al Partido Popular si estaban de acuerdo en que debería haber un esfuerzo fiscal similar en todo el país y si los ciudadanos, a igual nivel de renta, deberían pagar cantidades comparables. Montero expuso ejemplos de cómo la diversidad fiscal autonómica genera grandes diferencias, como en el caso del impuesto de sucesiones o en el tratamiento fiscal de grandes patrimonios en regiones como Madrid o Andalucía, calificando estas disparidades como una "injusticia fiscal" y un ataque a la igualdad.
En España, los gobiernos regionales tienen poder normativo y de gestión sobre impuestos como patrimonio, sucesiones, donaciones y la parte autonómica del IRPF, lo que ha provocado una competencia fiscal a la baja entre varias comunidades. Según simulaciones del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), una renta de 600.000 euros pagaría 298.000 euros en IRPF en la Comunidad Valenciana, pero solo 251.700 en Madrid. Del mismo modo, una herencia de 800.000 euros pagaría 103.000 en Asturias, mientras que en Galicia, Cantabria, Baleares y Andalucía no se pagaría nada. Para Montero, esta situación refleja la paradoja de que las comunidades gobernadas por el Partido Popular reducen impuestos a los más ricos mientras piden fondos al Gobierno central para financiar los servicios públicos. El PP, sin embargo, defiende que las rebajas fiscales permiten recaudar dinero por otras vías, como el consumo o la atracción de contribuyentes.
El debate sobre la competencia fiscal entre Gobierno y oposición no es nuevo. Las reducciones autonómicas en el impuesto sobre el patrimonio llevaron a Hacienda a crear hace dos años un tributo similar, el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, para contrarrestar las bonificaciones regionales. Con la posible reforma del sistema de financiación autonómica en el horizonte, algunos en el Gobierno ven una oportunidad para armonizar ciertos impuestos, estableciendo límites mínimos y máximos para que las autonomías tengan que ajustarse a ellos sin perder completamente su capacidad normativa.
Durante el debate, impulsado por la oposición para obtener más detalles sobre el pacto de financiación, Montero se refirió por primera vez al acuerdo con ERC como un "concierto económico", un término que había evitado en ocasiones anteriores. Aclaró que el documento tiene elementos que recuerdan al concierto vasco y al convenio navarro, aunque representa "una nueva perspectiva" con un recorrido propio que no necesariamente debe compararse con otros modelos. Montero explicó que el pacto contempla que Cataluña gestione y recaude a través de su propia agencia tributaria los impuestos generados en su territorio. A cambio, la Generalitat pagaría al Estado por los servicios prestados y contribuiría a la solidaridad con otras regiones, respetando principios como la ordinalidad y un esfuerzo fiscal similar.
Mientras Montero y el PSOE ven el acuerdo como una solución justa y una vía para reformar un sistema de financiación que consideran obsoleto, el Partido Popular lo critica como un "cupo separatista", que según ellos traiciona los principios de convivencia en el país.