(El País, 02-06-2026) | Fiscal
El Ministerio de Hacienda ha dado este lunes un nuevo paso en la reforma del sistema de financiación autonómica con la intención de que el proyecto llegue al Congreso después del verano y pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero. El departamento que dirige Arcadi Espada ha enviado una carta a todas las comunidades autónomas de régimen común y a las ciudades autónomas para proponer reuniones inmediatas que permitan cerrar los últimos aspectos pendientes de la negociación. La iniciativa llega después de que el Gobierno presentara en enero una propuesta global que supondría aportar 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades, además de aumentar su participación en los grandes impuestos estatales hasta el 55% del IRPF y el 56% del IVA.
Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que el secretario de Estado, Jesús Gascón, será el encargado de mantener encuentros bilaterales con las distintas autonomías. Las reuniones podrán celebrarse tanto de manera presencial como telemática, dependiendo de las preferencias de cada administración regional. El Gobierno mantiene además la intención de convocar próximamente el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un paso considerado imprescindible antes de que el Consejo de Ministros pueda aprobar formalmente la reforma del modelo.
La propuesta del Ejecutivo parte de un nuevo cálculo de la llamada población ajustada, el criterio utilizado para distribuir los recursos entre territorios teniendo en cuenta el coste real de prestar servicios públicos. El sistema incorpora variables como la dispersión geográfica, la insularidad o el envejecimiento de la población, factores que elevan el gasto de algunas comunidades. La ministra María Jesús Montero ya defendió en enero que intentó consensuar este modelo con las autonomías, aunque las posiciones quedaron divididas en función de los intereses de cada territorio.
El nuevo esquema diseñado por Hacienda concede un peso del 30% a la población empadronada. La denominada población protegida equivalente, vinculada principalmente al gasto sanitario y calculada según los distintos tramos de edad, representa el 38% del modelo. La financiación de la educación primaria, secundaria y de los alumnos desplazados suma un 20,5%, mientras que los servicios sociales destinados a mayores de 65 años y desempleados sin prestación concentran un 8,5%.
A estos criterios se añaden otros vinculados a las características territoriales: la superficie tiene un peso del 1,6%; la dispersión de la población, un 0,5%; la insularidad, otro 0,5%; y los costes fijos, un 0,4%. Aunque el núcleo del sistema sigue girando alrededor de los costes sanitarios, educativos y sociales, Hacienda sostiene que el modelo favorece especialmente a las regiones afectadas por la despoblación.
Pese a ello, la propuesta ha generado dudas desde su nacimiento, especialmente entre las comunidades gobernadas por el PP y diversos expertos económicos. Uno de los más críticos ha sido Ángel de la Fuente, quien recientemente reconoció que el planteamiento del Gobierno incluye elementos positivos, aunque considera necesario seguir negociando para despejar las incógnitas sobre un posible modelo singular para Cataluña, uno de los puntos de mayor conflicto entre las distintas autonomías.