(El País, 14-07-2026) | Fiscal
El Gobierno afronta esta semana un nuevo intento de sacar adelante la senda de estabilidad presupuestaria, aunque asume que volverá a encontrarse con la falta de apoyos parlamentarios. El Ejecutivo llevará este martes al Congreso los objetivos de déficit y deuda para el periodo 2027-2029, consciente de que previsiblemente volverán a ser rechazados por la oposición del PP y Vox y, nuevamente, por Junts.
Pese a este escenario, el Ministerio de Hacienda mantiene la intención de someter los mismos objetivos a una segunda votación a finales de julio. Si tampoco prosperaran, el Ejecutivo estudia recurrir, tras el verano, a los mecanismos previstos en el marco constitucional, lo que implicaría aplicar unos criterios fiscales más exigentes, especialmente para las comunidades autónomas, que tendrían que ajustarse al principio de equilibrio presupuestario.
El Gobierno confía, sin embargo, en que dos acontecimientos previstos para las próximas semanas contribuyan a mejorar su relación con Junts. Por un lado, la inminente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía y, por otro, los avances en la negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica, dos asuntos especialmente relevantes para la formación de Carles Puigdemont.
La senda de estabilidad aprobada recientemente por el Consejo de Ministros fija los límites de déficit y deuda para el periodo 2027-2029 y constituye un paso imprescindible para elaborar los Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo mantiene su compromiso de presentar unas nuevas cuentas públicas para 2027, a pesar de no contar, por ahora, con una mayoría suficiente en el Congreso.
Las relaciones entre el Gobierno y Junts se han deteriorado en los últimos meses. La formación independentista considera que el Ejecutivo no ha cumplido varios de los compromisos adquiridos durante la investidura de Pedro Sánchez, entre ellos el impulso al reconocimiento del catalán como lengua oficial de la Unión Europea o la transferencia de competencias en materia migratoria a la Generalitat. Ante estas dificultades, el Gobierno ha tratado de acercar posiciones mediante otras iniciativas, como mejoras en las políticas de dependencia o modificaciones en el futuro decreto sobre vivienda.
Otro de los principales motivos de fricción es la aplicación de la ley de amnistía. Junts considera insuficiente la actuación del Ejecutivo para garantizar su plena efectividad, aunque esta situación podría cambiar con la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene previsto dictar el 16 de julio sobre la compatibilidad de la norma con el derecho comunitario. Una resolución favorable facilitaría el regreso a España de Carles Puigdemont y otros dirigentes vinculados al procés y podría influir en la posición política de Junts respecto a otras iniciativas del Gobierno.
Consciente de que la primera votación difícilmente prosperará, Hacienda prevé una segunda convocatoria el próximo 23 de julio manteniendo los mismos objetivos: un déficit del 1,8% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas, distribuido entre un 1,5% para la Administración General del Estado, un 0,2% para la Seguridad Social, un 0,1% para las comunidades autónomas y equilibrio presupuestario para las entidades locales.
Si el Congreso rechazara también esta segunda votación, se abriría una situación no prevista expresamente en la normativa. Ante ese escenario, el Gobierno estudia aplicar la interpretación constitucional utilizada en ejercicios anteriores para evitar el bloqueo institucional. Esta fórmula supondría que las comunidades autónomas perderían el margen de déficit del 0,1% previsto en la propuesta actual y tendrían que cumplir el objetivo de equilibrio presupuestario, tal y como establece el principio de estabilidad recogido en la Constitución.
En paralelo, el Ejecutivo también afronta otra negociación especialmente compleja: la reforma del sistema de financiación autonómica. Este martes se celebrará la primera reunión técnica entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas tras la distribución del borrador elaborado por el departamento que dirige Arcadi España.
La propuesta ha recibido un amplio rechazo por parte de prácticamente todas las comunidades autónomas, con la única excepción de Cataluña. Los gobiernos regionales cuestionan, principalmente, que el nuevo modelo haya sido negociado inicialmente con Cataluña, fruto del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y ERC, para posteriormente extenderlo al resto de territorios.
Aunque de la reunión técnica no se esperan decisiones relevantes, sí servirá para preparar el encuentro político previsto para el próximo 29 de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el ministro de Hacienda y los responsables autonómicos debatirán oficialmente la propuesta.
Las críticas al borrador llegan tanto desde gobiernos autonómicos del Partido Popular como desde algunas comunidades gobernadas por el PSOE. Castilla-La Mancha ha denunciado que el modelo ya estaba definido antes del inicio de las negociaciones, mientras que Asturias mantiene igualmente su rechazo al considerar que el texto apenas ha experimentado cambios desde su presentación inicial. A estas posiciones se suman las comunidades gobernadas por el PP, que acudirán a la reunión con la intención de solicitar aclaraciones y reiterar su oposición al planteamiento presentado por el Gobierno.