(Expansión, 03-07-2026) | Fiscal
La Agencia Tributaria ha reforzado su ofensiva contra el fraude fiscal, logrando incrementar en un 20% la recaudación derivada de actuaciones de prevención y control. Durante el último ejercicio, Hacienda obtuvo 22.742 millones de euros vinculados a estas actuaciones -18.928 millones si se excluyen los pagos fraccionados-, consolidando la lucha contra el fraude como uno de los ejes centrales de su estrategia. De esa cifra, 11.101 millones proceden directamente de actuaciones de control sobre contribuyentes, 10.041 millones corresponden a devoluciones minoradas y otros 1.600 millones derivan de declaraciones presentadas fuera de plazo.
El balance de control tributario publicado por la Agencia Tributaria refleja un endurecimiento de la vigilancia sobre multinacionales, grandes patrimonios y economía sumergida. Las investigaciones relacionadas con movimientos financieros sospechosos aumentaron un 27,7%, mientras que también se intensificó el seguimiento sobre propietarios de viviendas en alquiler y sobre deducciones aplicadas de forma incorrecta en impuestos como Sociedades, IVA o IRPF.
En total, la Agencia Tributaria llevó a cabo 1,9 millones de actuaciones de comprobación, un 2,9% más que el año anterior. El crecimiento fue especialmente notable en las inspecciones dirigidas a la ocultación de actividad económica y al uso abusivo de estructuras societarias, que subieron un 21,6%, así como en el control sobre grandes empresas, multinacionales y grupos fiscales, donde el incremento alcanzó el 11,8%.
Pese al volumen de regularizaciones realizadas -más de 22.000 millones de euros detectados-, la deuda pendiente de cobro con Hacienda todavía asciende a 46.607 millones de euros, aunque esta cifra supone una reducción del 7,2% respecto al ejercicio anterior. La mejora se explica principalmente por la caída del 21,3% en la deuda en periodo voluntario de pago. No obstante, de los cerca de 18.000 millones incluidos en esta categoría, Hacienda solo puede gestionar de forma efectiva alrededor del 12%, unos 2.225 millones, ya que el resto permanece bloqueado por recursos, concursos de acreedores, aplazamientos o compensaciones.
En el ámbito de las actividades económicas, una de las áreas prioritarias de control, la recaudación derivada de inspecciones sobre el Impuesto sobre Sociedades, el IVA y el IRPF alcanzó 1.515 millones de euros, un 6,4% más. Destacan especialmente las actuaciones dirigidas a detectar ventas ocultas, que crecieron un 25,2% y permitieron aflorar 439 millones de euros.
El control sobre grandes patrimonios también se ha intensificado, especialmente en relación con rentas ocultas en el extranjero. Hacienda liquidó más de 68 millones de euros sobre 145 contribuyentes que figuraban formalmente como residentes en otros países, pero cuya residencia efectiva se encontraba en España. Además, continuó profundizando en el análisis de estructuras familiares y societarias complejas para detectar sociedades instrumentales utilizadas con fines de ocultación patrimonial.
Otro foco relevante ha sido la detección de facturación falsa o irregular. La Agencia Tributaria reforzó la identificación tanto de emisores como de receptores de facturas fraudulentas, así como de redes organizadas de facturación ficticia. En 2025, estas actuaciones dieron lugar a 1.369 expedientes por un importe de 296 millones de euros, lo que representa un incremento del 35,7% respecto al ejercicio anterior.
Dentro de la economía sumergida, Hacienda también ha endurecido el control sobre el uso de programas de doble uso, herramientas de facturación que permiten ocultar ingresos o manipular ventas. Esta vigilancia cobra especial relevancia ante la implantación de nuevas obligaciones derivadas de la Ley Antifraude, como el sistema Verifactu para la verificación de facturas en tiempo real. En este ámbito, se regularizaron 218 millones de euros, incluyendo sanciones, lo que supone un aumento del 56%.
El mercado del alquiler continúa siendo otra de las prioridades de inspección. Los planes de asistencia y control dirigidos a propietarios que no declaran correctamente los ingresos por arrendamiento han permitido aflorar rentas por valor de 9.956 millones de euros en la última década, con una recaudación asociada de 1.220 millones. Hacienda ha intensificado progresivamente los avisos a posibles arrendadores incumplidores para mejorar el nivel de declaración voluntaria. La transformación digital del sistema financiero también ha llevado a ampliar el control sobre nuevos canales de inversión y pago. En el ámbito de las criptomonedas, la Agencia Tributaria recabó información de 34 entidades dedicadas a monedas virtuales, obteniendo datos de más de 43.000 titulares.
En paralelo, el organismo amplió su vigilancia sobre los denominados neobancos, recabando información de 53 entidades sobre unas 40.000 cuentas bancarias con más de 28.000 titulares y autorizados identificados. Además, recopiló datos sobre 8.000 contratos de terminales de pago y alrededor de 900.000 tarjetas emitidas, reforzando así su capacidad para rastrear movimientos financieros y detectar posibles bolsas de fraude en el ecosistema digital.