(El Economista, 04-09-2025) | Fiscal
El Ministerio de Hacienda ha reservado 19.500 millones de euros para devolver impuestos a los contribuyentes y atender los litigios perdidos. La partida supone un incremento del 10% respecto al año anterior, motivado sobre todo por las devoluciones pendientes a los pensionistas que cotizaron en su día a las antiguas mutualidades laborales, según recoge la Cuenta General de la Administración del Estado de 2024.
En 2023, Hacienda destinó 1.700 millones a este concepto. Ahora, ha ampliado la provisión en 3.555 millones para reintegrar a los jubilados el IRPF abonado de forma indebida. El Congreso de los Diputados aprobó en julio la ley que obliga a devolver en un único pago durante este año lo correspondiente tanto a la Renta de 2024 como a los ejercicios anteriores no prescritos.
El mayor volumen de devoluciones, no obstante, procede de las autoliquidaciones presentadas por particulares y empresas que, a 31 de diciembre, aún no habían recibido resolución. Para este fin se han apartado 11.716 millones de euros, un 4% más que en 2023.
A ello se suma la devolución a las empresas por la sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2024, que anuló el Real Decreto-ley de 2016 impulsado por Cristóbal Montoro para endurecer el Impuesto de Sociedades. Hacienda deberá reintegrar en este caso 800 millones de euros, una cifra menor que la prevista en 2023, cuando se reservaron 1.200 millones para compensar pérdidas no aplicadas o deducciones por doble imposición.
De forma paralela, se mantiene una dotación de 59 millones para los activos fiscales diferidos, y se eleva un 45%, hasta 1.621 millones, el fondo para cubrir devoluciones derivadas de reclamaciones en los tribunales económico-administrativos, lo que refleja el aumento de la litigiosidad reciente.
También se conserva intacta la provisión de 1.480 millones de euros destinada a las operadoras de telefonía móvil por la devolución del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). El Tribunal Supremo declaró en 2022 que este tributo contravenía la normativa europea de telecomunicaciones, al tener un carácter meramente recaudatorio, ser discriminatorio y limitar la competencia en el sector.
Por último, el Ministerio ha reservado 197 millones para cubrir reclamaciones relacionadas con el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) u otros conflictos contables, y añade por primera vez una partida de 53 millones para hacer frente a las responsabilidades derivadas del recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid en relación con las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica de 2019.