(Cinco Días, 25-09-2024) | Fiscal
El Gobierno decidió ayer modificar su estrategia presupuestaria para evitar un nuevo revés en el Parlamento. El Consejo de Ministros aprobó retirar la tramitación parlamentaria de los objetivos de estabilidad que acompañan al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, al detectar que se encaminaban hacia una derrota en la votación prevista para mañana en el Congreso. Esto ocurrió tras la advertencia de Junts, que amenazó con votar en contra si el Ministerio de Hacienda mantenía la misma senda fiscal que este partido ya ayudó a bloquear en julio. La decisión del Ejecutivo implica retrasar el plan presupuestario más allá del plazo previsto, que finaliza este mes.
"El propósito de esta medida es ganar tiempo para negociar, brindando una nueva oportunidad al diálogo", explicaron fuentes de Hacienda, que aseguraron estar dispuestos a "agotar todas las opciones para lograr un acuerdo" que permita aprobar los Presupuestos. Hace solo dos semanas, el Consejo de Ministros había reactivado la misma senda de reducción del déficit público que aprobó en julio y que fue rechazada en el Parlamento con los votos de PP, Vox y Junts. El plan del Gobierno contempla reducir el déficit al 3% en 2024, al 2,5% en 2025, al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027.
De cara a la votación en el Congreso, el PSOE había intensificado los contactos con Junts, pero este partido anunció el lunes que votaría en contra si el Gobierno no ajustaba la propuesta, pidiendo un mayor margen de gasto para Cataluña. La senda presentada permite a las comunidades autónomas incurrir en un déficit de una décima, en lugar del superávit del 0,1% previsto, tanto para 2025 como para 2026, lo que representa unos 3.300 millones de euros adicionales anuales.
Asimismo, la nueva senda exige que los municipios mantengan el equilibrio presupuestario, en lugar del superávit del 0,1% y 0,2% proyectado para los dos próximos años, lo que supondría 5.000 millones de euros adicionales.
El Gobierno ha dirigido sus críticas hacia el PP, al que recrimina que, a pesar de gobernar en varias comunidades autónomas, esté dispuesto a votar en contra de la nueva senda fiscal. Esto privaría a las regiones y ayuntamientos de unos 12.000 millones de euros de margen de gasto en los próximos dos años en comparación con los objetivos vigentes, contemplados en el programa de estabilidad enviado a Bruselas. Desde Hacienda señalan que los objetivos de déficit fueron aprobados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con la abstención de las comunidades gobernadas por el PP, pero que luego este partido se opuso como grupo en el Parlamento.
No obstante, la negativa más decisiva ha sido la de Junts. Aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en los fondos adicionales que obtendrían las comunidades autónomas y los municipios a cambio de un mayor esfuerzo de la administración central, el partido independentista catalán critica que el Gobierno central se quede con la mayor parte del déficit disponible, exigiendo que se distribuya un tercio para las comunidades y otro para los municipios.
Sin los votos de Junts, la senda fiscal, que es clave para la tramitación de los Presupuestos, volvería a ser rechazada, lo que pondría en riesgo la aprobación del proyecto presupuestario para 2025. Cabe destacar que, ayer, el Consejo de Ministros aprobó una revisión al alza del cuadro macroeconómico (ver información adjunta), lo que reduce el peso del déficit y la deuda sobre el PIB, ofreciendo cierto margen para renegociar la distribución de los esfuerzos, facilitando el cumplimiento de los compromisos con la UE.
Sin embargo, cualquier modificación en la senda fiscal que afecte a las comunidades autónomas requeriría llevar el asunto nuevamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera, reaprobarla en el Consejo de Ministros y reiniciar su tramitación parlamentaria, lo que retrasaría aún más los Presupuestos. Si no se logra un acuerdo, Montero ha afirmado que presentará los Presupuestos igualmente, utilizando la senda vigente. En este caso, el Gobierno relanzaría la senda de julio en el Consejo de Ministros para someterla a un nuevo rechazo del Congreso y, solo entonces, podría impulsar las cuentas bajo la senda actual, más restrictiva. Esto, en cualquier escenario, impediría presentar los Presupuestos en tiempo y forma antes de que termine septiembre.