(El Economista, 30-06-2026) | Fiscal
La Agencia Tributaria ha iniciado una operación de inspección en seis comunidades autónomas contra varias agencias inmobiliarias y algunos de sus socios por presuntas irregularidades fiscales relacionadas con cobros en efectivo no declarados y el cobro de comisiones supuestamente ilegales a inquilinos.
Según ha informado el Ministerio de Hacienda, la actuación, denominada operación Insulae, se desarrolla tras diversas denuncias recibidas en 12 provincias repartidas entre Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. La investigación afecta actualmente a 49 empresas y a 18 personas vinculadas a ellas.
La Administración sospecha que estas inmobiliarias habrían percibido parte de sus ingresos en efectivo sin declararlos, o bien reflejando solo una parte de dichas cantidades en su contabilidad. Entre las prácticas bajo análisis figura también el cobro en metálico de comisiones exigidas a los inquilinos, una actuación que podría vulnerar la actual legislación sobre vivienda.
En concreto, estas comisiones podrían contravenir lo establecido en la Ley de Vivienda, en vigor desde mayo de 2023, que trasladó al arrendador la obligación de asumir determinados gastos de gestión inmobiliaria, limitando así los costes que pueden repercutirse al arrendatario.
La investigación también apunta a otros ingresos presuntamente opacos derivados de servicios adicionales, como el cobro por visitas a inmuebles, la emisión de informes o determinadas prestaciones complementarias ofrecidas durante el proceso de alquiler o compraventa. Asimismo, Hacienda analiza retribuciones variables y bonus comerciales que algunos agentes inmobiliarios habrían percibido por objetivos y que, según las sospechas del organismo, podrían no haber sido correctamente declarados.
De forma paralela, la Agencia Tributaria ha ampliado el foco hacia los socios de las inmobiliarias investigadas para detectar posibles signos externos de riqueza incompatibles con los ingresos oficialmente declarados. El objetivo es comprobar si los beneficios obtenidos mediante ventas ocultas o cobros no registrados habrían terminado aflorando en forma de incrementos patrimoniales personales, como adquisiciones de bienes o aumentos de patrimonio difíciles de justificar con la renta declarada.